Coahuila: séptima entidad en la que más gas robado se decomisa

Opinión
/ 1 septiembre 2023
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El robo y venta de cualquier producto no debería ser una actividad sencilla. En México, sin embargo, se venden a gran escala, y a la vista de todos, hidrocarburos robados a Pemex

Una de las acciones más promocionadas por el actual Gobierno de la República, prácticamente desde el momento en que inició funciones, fue el combate al robo de hidrocarburos, sobre todo gasolinas y diesel. La lucha contra el denominado “huachicol” se convirtió así en una verdadera “cruzada” de la autodenominada cuarta transformación.

Más de cuatro años y medio después, la estrategia no solamente no ha dado resultados sino que, de acuerdo con algunas voces especializadas, el problemas se ha recrudecido. Algunos cálculos señalan que Pemex estaría perdiendo alrededor de 22 millones de pesos al día debido al robo de combustibles de sus ductos.

Lo más escandaloso de este caso, sin embargo, es que el enorme volumen de combustible que se “ordeña” a los ductos de Pemex todos los días se comercializa a plena luz del día y a la vista de todos en diversas regiones del país. Aun más: el número de puntos de venta del combustible robado se ha incrementado en los últimos años.

¿Por qué quienes venden un producto robado pueden venderlo abiertamente sin que ninguna autoridad les diga nada? La respuesta es tan simple como obvia: la impunidad de la cual gozan es garantizada por quienes debieran perseguirles y castigarles.

Referir lo anterior es necesario para contextualizar el reporte que incluimos en esta edición, relativo a lo que bien podría calificarse como “diversificación del negocio”: el robo y venta clandestina de gas LP, fenómeno bautizado como “gaschicol”.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, en el país se han decomisado millones de litros de este carburante que, tal como ocurre con la gasolina, se comercializa abiertamente y con total impunidad por quienes han decidido incursionar en esta “industria”.

En el caso de Coahuila, las cifras oficiales consignan el decomiso de 143 mil litros de gas LP entre 2018 y finales del año 2022. Se trata de la séptima cifra estatal más alta del todo el país, por lo que la FGR mantiene abiertos diversos expedientes criminales.

Vale la pena enfatizar, sin embargo, que la cifra anterior es únicamente la correspondiente a los decomisos realizados pues, como suele ocurrir con toda la actividad delincuencial, difícilmente se trata de la totalidad del combustible robado y más bien debe ser una pequeña porción de éste.

¿Cómo y por qué los delincuentes pueden robar impunemente millones de litros de un carburante que requiere de instalaciones especiales para manejarlo y luego poder venderlo? Una vez más, la respuesta es bastante obvia: porque gozan de protección por parte de las autoridades policiales e investigadoras.

Han transcurrido casi cinco años desde que se ofreció erradicar esta práctica del país y el fenómeno, todo hace indicar, lejos de contraerse ha venido expandiéndose de forma continua. ¿Por qué parece imposible contenerlo? Eso es algo que resulta imposible de entender.

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