Crece deportación de coahuilenses; ¿Qué opciones les damos?

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno de la República, en los primeros cinco meses de este año el número de coahuilenses deportados desde los Estados Unidos se incrementó en 40 por ciento. La cifra es superior a la registrada durante el gobierno de Donald Trump.

La estadística indica que, entre enero y mayo del presente año, mil 347 ciudadanos coahuilenses fueron expulsados del vecino país debido a que su estatus migratorio no era legal. En el mismo período del año pasado fueron 956 originales de Coahuila los deportados.

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Más allá de lo anecdótico, estamos hablando de conciudadanos nuestros que habían emigrado hacia los Estados Unidos en busca de un mejor destino pero ahora están de vuelta a territorio estatal. Con suerte, regresarán en las mismas condiciones en que se fueron, pero también podría ser al revés.

Además, al menos en una parte de los casos, es probable que quienes han sido devueltos a nuestra entidad cuenten con familiares aquí que les acojan y les apoyen en el proceso de rehacer sus vidas. Sin embargo, no puede darse esto por descontado y, a partir de ello, concluir que no requieren ningún apoyo.

Sería deseable por ello que las autoridades municipales y estatales reaccionaran frente al hecho y desplegaran esfuerzos para brindar apoyo a los paisanos que han sido expulsados por las autoridades de los Estados Unidos.

En particular es necesario revisar la situación de los menores de edad que se encuentran incluidos en la cifra global. El dato preocupante al respecto es que el 70 por ciento de los 89 menores de edad coahuilenses repatriados en el período citado, se encontraban en calidad de no acompañados.

Por fortuna para la entidad, aunque el número de conciudadanos deportados es importante no se trata de cifras que puedan rebasar las capacidades institucionales y ello convoca con mayor razón a que se desplieguen acciones a su favor.

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Quienes, dentro de ese grupo, son mayores de edad, requieren oportunidades de educación, empleo y capacitación. Estamos hablando, desde luego, de las mismas oportunidades que requerían antes de tomar la decisión de abandonar sus lugares de origen y que seguramente no encontraron.

Su retorno a territorio estatal constituye pues una suerte de segunda oportunidad para ofrecerles las condiciones requeridas para que puedan reconectar con sus comunidades y generar arraigo.

Por lo que hace a los menores de edad resulta imprescindible garantizar, en primer lugar, la posibilidad de que se reintegren a sus familias. Por otro lado es obligado proveerles acceso a la educación, a la salud y a la alimentación.

Porque las estadísticas de migración y, en este caso, deportaciones, no son simples números para observar en una gráfica y analizar su comportamiento. Son la síntesis de historias individuales de seres humanos cuya suerte no puede resultarnos indiferente.