¿Dónde están los desaparecidos de Coahuila?

En reunión solemne organizada por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Diana Iris García, a quien le secuestraron un hijo, tomó la palabra y dijo que “ustedes no nos han dado señales de confianza” y que se agotó la fe de las madres de los desaparecidos. Dirigiéndose al gobernador Miguel Riquelme, pidió “no más simulación” y recordó que ningún gobernador (Moreira, Torres y él mismo), ni fiscal, ni autoridad gubernamental, les ha ofrecido la más mínima solución en la búsqueda de los miles de desaparecidos, que es un crimen de lesa humanidad. Asesoradas por Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos fray Juan de Larios) crearon la organización civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, organización que la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, en una primera visita, y Alejandro Encinas, subsecretario, en otra, dijeron que este modelo de lucha y búsqueda era un ejemplo que reproducirían en toda la República: fue hace cinco años (estuve presente en ambas visitas). Diana Iris insiste en que basta de palabrerío, “exigimos verdad y justicia”. Riquelme... como si la Virgen le hablara.

Casi a fines del año 23, tuvo lugar la defensa de una espléndida tesis de doctorado en Ciencias Sociales en nuestra universidad. Su título es un desafío: “Estudio de la experiencia de las familiares de personas desaparecidas en su exigencia por la verdad y la justicia al Estado, en Coahuila de Zaragoza, desde las epistemologías feministas entre 2009 y 2018”; su autora Machelly Flores Reyna, catedrática en la Facultad de Historia, antes tuvo una formación en la Universidad de Deusto, España en filosofía ética.

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La tesis tiene un largo preludio teórico metodológico que no me es posible exponer aquí porque no tendría el espacio indispensable para siquiera enunciarlo. Es una verdadera innovación en su planteamiento fundamental: ¿cómo conocer, comprender y traducir el pensamiento de las familias que han sufrido la desaparición de uno de sus miembros? Y recurre a un estudio fenomenográfico, consistente en que el investigador debe adaptarse a las particularidades de sus sujetos de estudio. Esto significa que se toma a cada familia como es, sin someterla a un cartabón hipotético o a subsumirla en una generalidad determinada en el escritorio, sino a recrear continuamente conciencia, certezas, informaciones y estado de ánimo de las ofendidas. Ofendidas, claro está, por su desgracia, pero también por su desánimo ante el Estado y sus representantes.

La fenomenografía tiene en cuenta que quienes forman los colectivos que se han creado en Coahuila no son iguales, aunque los unen categorías a las que no están dispuestas a renunciar: verdad y justicia.

Yo fui miembro del Grupo Autónomo de Trabajo, razón por la que estuve presente en no pocas reuniones. En este grupo brilló la antropóloga Dolores Soto. Y en la tesis se recuerdan datos que escuchamos durante mucho tiempo a las valientes mujeres que daban informaciones concretas al fiscal, a las policías, a Alejandro Encinas, a representantes de la ONU y a periodistas. Una de estas señoras formó doce carpetas con datos concretos, declaraciones de testigos y vestigios de la víctima, su hijo. Ella sabía más que los gobernantes, pero éstos ni siquiera aceptaron confrontarlos. Una señora señaló a policías secuestradores, mencionó número de patrulla y placas: hagan de cuenta que no existía.

El grito de esas mujeres aún retumba como un eco: “¡Ahora! ¡Se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!”.

Pequeña nota: escribí en VANGUARDIA cada domingo durante años. Un buen día me amenazaron y dejé el espacio. A nadie dije nada. Armando Castilla y Diana Galindo me ofrecieron su soporte, si lo requería; no acepté. Ahora la amenaza se alejó y me animé a regresar. Aquí estoy.