El menosprecio a la víctima
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En la semana, la Red de Mujeres de La Laguna lanzó una petición en la plataforma Change.org donde exige el cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género en Coahuila, pero pone énfasis particular en el retroceso de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a las Víctimas (CEAV) de la Región Laguna.
En la petición, el organismo que ha tenido una incidencia de tres décadas en la defensa de las mujeres, niñas y niños, plasmó la indignación por el retroceso de la CEAV en la región Laguna debido a que a la fecha la comisión cuenta únicamente con dos abogadas para atender la “inmensurable” cantidad de casos que se presentan todos los días. Y los que se acumulan en un País donde la violencia se consume y se vive diariamente, particularmente en las mujeres.
Yo no conocía las oficinas de la CEAV en La Laguna hasta hace un año. Están ubicadas por el rumbo de la central de autobuses de Torreón. Las oficinas están para llorar. Es un cuartucho donde sólo caben dos cubículos, sin ninguna intimidad para que la persona que acuda se sienta en confianza de ser atendida. Estar en las oficinas de la CEAV Laguna es adentrarte a otra violencia. Una violencia que es sinónimo de desinterés por el violentado, que es reflejo del menosprecio hacia el o la indefensa.
La Red de Mujeres señala en la petición que, debido a la insuficiencia de personal jurídico e interdisciplinario, erróneamente se ha dado prioridad de atender casos que están judicializados “dejando en el olvido e indefensión la etapa inicial de la investigación, propiciando la arbitrariedad en la integración de la Carpeta de la Investigación a la que muchas víctimas se enfrentan ante el Ministerio Público quien, según los reportes de mujeres a esta Red, dan ‘carpetazo’ inmovilizando los actos de investigación faltando a la debida diligencia, obstaculizando así su Derecho la Justicia”, dice el texto en la plataforma Change.org.
La Red pidió la colaboración de las firmas para de alguna formar exigir la pronta contratación de personal, jurídico y de otras disciplinas, debidamente capacitado para la atención de delitos y violaciones de derechos humanos en agravio a mujeres, así como la especialización en atención de otros delitos (como los sexuales y patrimoniales) y graves violaciones a los derechos humanos.
Cabe recordar que en 2017 la Red de Mujeres de La Laguna solicitó la Alerta de Género ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Un reportaje de este año de Border Hub, hecho por los periodistas Luis López y Jessica Ayala, explora las simulaciones que ha tenido el Estado para atender las recomendaciones que emitió la Conavim, entre ellas precisamente el fortalecimiento de las instalaciones y contratación de más personal.
AL TIRO
Para este 2022, se presupuestaron 20.7 millones de pesos para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a las Víctimas. Desde 2018, los presupuestos cada año van de los 17.6 a los 22 millones de pesos. Muy poco para atender el ejército de personas víctimas de violencia, agresiones sexuales, víctimas indirectas de feminicidio, desapariciones, entre otros.
Una Comisión de Atención a Víctimas es una institución encargada de registrar y atender a las personas que han sido víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos. Es una figura que fue establecida en 2013 a través de la Ley General de Víctimas. Su objetivo es proteger y garantizar los derechos de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y a la debida diligencia.
Obviamente no estaríamos hablando de una comisión especializada en víctimas si hubiera un estado de derecho que garantizara todo aquello que tiene como fin salvaguardar una comisión.
Sin embargo, al no dotar de recursos a una comisión que protege a víctimas, se deja en muchas ocasiones desamparadas a esas personas que desconocen rutas legales, que no son escuchadas porque no forman parte de colectivos, que piden justicia en solitario, que mendigan atención como si se les hiciera un favor, que son, muchas veces, también víctimas de violencia institucional.
