Esta crisis energética exige una estrategia industrial verde

Por Mariana Mazzucato, Project Syndicate.

LONDRES- La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desestabilizado a todo Medio Oriente, ha causado un gigantesco costo humano y ambiental, y ha provocado una de las mayores fluctuaciones del precio del petróleo jamás registradas. Dado que las repercusiones se están extendiendo por los mercados bursátiles globales y están impulsando al alza el endeudamiento público, los responsables de las políticas deben reconocer que este tipo de crisis energética no es una crisis aislada y de corto plazo. Representa nuestra nueva realidad.

En una era de agitación geopolítica, la resiliencia económica exige cambiar no solo los tipos de energía que consumimos, sino también cómo y dónde se producen las cosas, y quién las produce. Mediante una estrategia industrial verde orientada a la misión y un marco macroeconómico que respalde la inversión pública estratégica, los gobiernos pueden ayudar a garantizar los estándares de vida y, al mismo tiempo, a forjar resiliencia económica.

Con el fin de promover objetivos económicos más amplios, deben diseñarse medidas inmediatas para proteger a los hogares y a las empresas de la presión. Si una política sirve únicamente para apuntalar los beneficios de los combustibles fósiles, debe considerarse un fracaso.

Este es el momento de adoptar una nueva estrategia. Las crisis energéticas inflacionarias provocadas por conflictos geopolíticos son cada vez más habituales. Irán amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz durante la guerra de 12 días del pasado mes de junio, y ahora ha cumplido su amenaza, lo que ha hecho subir los precios del crudo por encima de 100 dólares por barril por primera vez desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

El Reino Unido, que se vio más afectado que cualquier otro país de Europa Occidental hace cuatro años, debido a su gran dependencia del gas natural y a su lamentable falta de capacidad de almacenamiento, constituye un ejemplo aleccionador para cualquier país que aún esté dispuesto a arriesgarse a una alta exposición a alteraciones repentinas del suministro. A pesar de los avances que ha logrado el secretario de Energía del Reino Unido, Ed Miliband, en el impulso de su misión “Clean Power” (energía limpia) para descarbonizar la red eléctrica, no se ha desarticulado el vínculo entre los precios del gas y de la electricidad. Los precios mayoristas de la energía en el Reino Unido se han disparado en torno a un 50% desde el inicio de la guerra de Irán.

Sería un error que las economías desarrolladas siguieran el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y apostaran aún más fuerte por los combustibles fósiles, que están provocando la volatilidad de los precios de la energía y sirven como moneda de cambio en el terreno militar. El Reino Unido -y todas las demás economías- estará más seguro si el suministro de electricidad proviene de fuentes limpias y locales y, más allá de la red eléctrica, transforma nuestra forma en que nos desplazamos, construimos y vivimos.

Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere una acción coordinada entre los departamentos gubernamentales que se ocupan de la vivienda, del transporte, de la ciencia y la tecnología, y de las finanzas. Las instituciones gubernamentales deberían establecer un objetivo ambicioso y claro que todos los ministerios pertinentes deban perseguir, porque así es como se movilizan las inversiones intersectoriales necesarias.

La perspectiva de una nueva crisis del costo de vida se cierne sobre nosotros como consecuencia de la crisis actual. En el Reino Unido, por ejemplo, la previsión de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria de reducir la inflación del 3.4% al 2.3% este año ya se ha visto frustrada, y la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, enfrenta una creciente presión para proteger a los hogares de mayores dificultades. Los alimentos y la energía representaron alrededor de la mitad del aumento del 9% en los precios al consumidor del Reino Unido en 2022. Es muy posible que ahora se produzca una dinámica similar, incluso más potente, a medida que las amenazas geopolíticas y el cambio climático se intensifican y alteran los rendimientos agrícolas y las rutas de transporte en todo el mundo.

Asimismo, hay abundantes pruebas que demuestran que las ganancias corporativas fueron una de las principales causas de la inflación de 2022-23. La crisis energética les permitió a las empresas obtener rentas -beneficios excesivos- simplemente porque poseían activos escasos, y no porque hubieran generado de repente ganancias productivas. El papel que le corresponde al gobierno es garantizar que las crisis no beneficien a un pequeño grupo de accionistas a costa de todos los demás. Con la respuesta adecuada, las crisis se convierten en oportunidades para impulsar la actividad económica real y transformaciones económicas más amplias.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y Reeves, por ejemplo, han proclamado una política de “tolerancia cero” contra la especulación con los precios, para gran disgusto de las principales empresas distribuidoras de gasolina. Sin embargo, los detalles de dicha política son de suma importancia. La Garantía de Precios de la Energía del Reino Unido para 2022-23 limitó el precio que pagaban los hogares, subsidiando de facto a los proveedores y luego intentando gravar los beneficios extraordinarios. España y Portugal encontraron una mejor manera de contener la inflación limitando el costo del gas utilizado en la generación de electricidad, reduciendo así los márgenes extraordinarios en origen.

Esta segunda estrategia, combinada con un desarrollo ambicioso de las energías renovables, resultó ser superior. Los precios de la electricidad en España fueron un 57% más bajos que el promedio europeo en la segunda mitad de 2022. El elevado precio del gas hoy solo determina el precio de la electricidad el 15% de las veces en España, frente al 89% en Italia. Si el objetivo es promover el crecimiento sostenible, es preferible establecer relaciones económicas equitativas desde el principio que permitir que se acumulen beneficios monopolísticos para luego intentar gravarlos.

Las crisis energéticas repercuten en toda la economía porque el petróleo y sus productos derivados siguen siendo insumos clave en la industria manufacturera, el transporte y la agricultura. Para complicar aún más las cosas, el aumento de las tasas de interés del banco central -actualmente la principal herramienta utilizada para combatir la inflación- no haría más que agravar el problema. Las subidas de las tasas encarecen la inversión -incluida la financiación de las energías renovables, que conllevan costos iniciales elevados- sin hacer nada para abordar las causas de inflación del lado de la oferta.

Peor aún, las tasas de interés de la deuda soberana aumentarán a medida que los inversores reflejen estas tendencias, lo que frenará aún más la tan necesaria inversión pública en escuelas, sistemas de salud e infraestructura. Para evitar esta espiral descendente, los gobiernos deben dejar de depender tanto de los bancos centrales y empezar a abordar la inflación desde su origen.

Afortunadamente, la inversión verde es beneficiosa para todos. Además de mitigar el cambio climático, sus efectos indirectos se traducen en mayor productividad, buenos empleos y un mayor nivel de vida. Una vez cuantificados estos beneficios, la inversión se amortiza por sí sola. La semana pasada, el organismo independiente de control climático del Reino Unido confirmó que cada libra invertida en acercarse a las emisiones netas cero genera entre 2 y 4 libras de valor, además de otros beneficios como un aire más limpio, hogares más cálidos y una alimentación más saludable.

Esta crisis energética representa una oportunidad para que los estados emprendedores desarrollen las capacidades, las herramientas y las instituciones necesarias para garantizar productos básicos a precios asequibles, evitar la especulación y catalizar una transformación industrial. Como señaló John Maynard Keynes hace casi un siglo, el estado debe proporcionar orientación e inversión cuando la confianza del sector privado y de los consumidores se estanca. Los gobiernos no deben permitir que esta última crisis los paralice. Deben impulsar acciones decisivas para minimizar el sufrimiento humano e invertir en la resiliencia económica a largo plazo. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Mariana Mazzucato, profesora del University College London, es directora fundadora del Instituto de Innovación y Finalidad Pública del UCL. Es autora de numerosos libros, entre ellos The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023) y el próximo The Common Good Economy: A New Compass (Allen Lane, junio de 2026).