Factureras: una de las aristas más ‘exitosas’ de la corrupción

La corrupción, se ha dicho en todos los tonos posibles, constituye uno de los fenómenos que mayor daño le ocasionan a las sociedades de todo el mundo. Y ello ocurre, sobre todo, porque el elemento más relevante de la ecuación de la corrupción es la impunidad.

Lo anterior es cierto, sobre todo, para el caso de la corrupción en el sector público. Y ello es así porque las cadenas de complicidad que se construyen en las instituciones públicas tienen como propósito no solamente perpetrar actos de corrupción, sino garantizar que estos no sean investigados y, mucho menos, castigados como ordena la Ley.

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No es extraño, por ello, que cotidianamente nos enteremos de casos en los cuales servidores públicos logran amasar fortunas que resultan imposibles de construir a partir del salario que perciben y, por ello, solamente se explican a partir del uso de información privilegiada, el tráfico de influencias y el establecimiento de redes de complicidad.

Lo peor de todo es que, como demuestra el reporte que hoy publicamos, resultado de una investigación coordinada entre Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no importa el origen partidista del gobierno: las prácticas indebidas siempre encuentran adeptos.

La investigación, que implicó analizar la documentación sobre contratos del Gobierno Federal a lo largo de 20 años, desde el gobierno del panista Vicente Fox hasta el del morenista Andrés Manuel López Obrador, demuestra que cuatro gobiernos consecutivos, de tres orígenes partidistas diferentes, otorgaron contratos por casi 11 mil 500 millones de pesos a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como “factureras”.

Los documentos analizados implican 3 mil 529 contratos que el Gobierno de la República firmó con 834 EFOS, las cuales operaron en promedio 8.1 años hasta ser detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El patrón de conducta es simple y ya ha sido señalado en múltiples ocasiones: servidores públicos, en connivencia con otros “socios”, crean empresas a las cuales se privilegia en la asignación de contratos de adquisición, arrendamientos o servicios, pero que tienen un denominador común: al “proveedor” contratado se le paga, pero no entrega nada a cambio.

¿Cómo puede una “empresa” engañar al Gobierno de esta forma? Es decir, ¿cómo puede un proveedor recibir el pago por un bien o servicio que no entregó? La respuesta es obvia: porque quienes le pagan forman parte del esquema de defraudación de la hacienda pública y reciben parte de las ganancias ilícitas que dicho esquema genera.

La evidencia está allí y es contundente. Pese a ello, quienes han perpetrado este multimillonario atraco en contra del erario público han resultado impunes, al menos hasta ahora. Y, por desgracia, la experiencia no da para albergar la esperanza de que tal circunstancia vaya a cambiar.