Gasto en medicamentos 2024 y la ‘farmaciota’

Antes que concluya 2023 se pondrá marcha el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (CEFEDIS), según palabras propias del presidente Andrés Manuel López Obrador, para poner “fin” al permanente desabasto de medicamentos que ha caracterizado a su gobierno. Tal viraje está lejano de resolver un problema que fundamentalmente los funcionarios encargados de la compra, distribución y logística de estos bienes han provocado y profundizado por su incompetencia.

En realidad, no se cuenta con más información sobre el funcionamiento de la nave adquirida: el costo del inmueble que se ubica en Huehuetoca, Estado de México, asciende entre 2 y 3.5 mil millones de pesos (mmdp). Nuevamente, se insiste que la empresa paraestatal, Laboratorios de Biológicos y Reactivos (Birmex), sea responsable de su gestión (otra vez) sin que se haya dado a conocer sobre las inversiones de instalaciones, tecnología, ni un plan de logística y distribución, así como la estructura del personal operativo. No se ha señalado la fuente de financiamiento de la compra del inmueble ni de los recursos que ocupará para cumplir con el enorme compromiso de acabar con el desabasto. Tampoco hay información sobre cómo hará Birmex para contar con los medicamentos y cuáles serán los ahí disponibles que, de acuerdo con el Presidente, provendrán de “todo el mundo”. Claramente, no es la solución a tan grave problema y es posible que sólo profundice con lo que será una de las mayores deudas de su gobierno con grandes repercusiones entre la población que demanda servicios médicos y los medicamentos que se le receten.

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Ante esta incertidumbre cabe el siguiente escenario del papel que tendrá la llamada “farmaciota”: precisamente los recursos asignados para la compra de medicamentos, según el detalle observado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 25 de noviembre, es de al menos 102 mmdp, es decir, 18 por ciento más que en 2023, entre las principales instituciones públicas de salud. El principal factor de crecimiento es el monto asignado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pasa de 53.17 mmdp en 2023 a 71.11 mmdp. Se trata de casi 18 mmdp adicionales (33 por ciento de incremento), que sin duda hacen falta para mejorar la atención a los pacientes, pero que no se comprende cómo se emplearán, pues al menos el crecimiento de sus derechohabientes ni la inflación esperada justifican esta asignación.

Cabe entonces considerar que dicho recurso se ocupe para “llenar” el CEFEDIS de alguna manera (compras consolidas en el mejor de los casos, o compras unilaterales sin comunicar a los proveedores establecidos en el país). A ello, debe sumarse el presupuesto que dispone el nuevo Organismo Público Descentralizado, IMSS-Bienestar (IMSS-B), que se estrena en el presupuesto federal con 128 mmdp (ramo 47), de los cuales, 85.8 mmdp se deberán orientar a la “atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social”, y que, según estimaciones propias, entre 30 mmdp a 40 mmdp podrían destinarse para la compra de medicamentos y dispositivos médicos entre los servicios estatales de salud, donde al menos 23 estados han firmado en los últimos meses con el IMSS-B los convenios de adhesión para trasladar a este último, sus instalaciones, equipamiento y personal médico y no médico de los distintos niveles de atención de sus unidades médicas por los próximos 30 años.

El monto estimado debería agregarse a los 102 mmdp, dado que no se presenta el detalle del gasto esperado para estas compras públicas entre las entidades federativas por parte del nuevo OPD, que finalmente federaliza los recursos y los ocupará de manera discrecional.

Con estas consideraciones, es posible afirmar que el año 2024 podrá marcar, al menos desde el presupuesto, como el año con el mayor monto para estas compras por arriba de los 130 mmdp, además de la compra de vacunas (otros 13.9 mmdp). Se trata de un año que, de ejercerse en beneficio de los pacientes, será del todo extraordinario y podría significar, en un año electoral, que se cumple con otorgar “todo para todos”, lo que está por verse, pero que mediáticamente puede funcionar.

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¿Cómo podría operar? Precisamente centralizando las compras de medicamentos para las instituciones de salud estatales firmantes (inclusive el mismo IMSS o en su caso el ISSSTE) y concentrarlas en la farmaciota, y a partir de ahí hacer la distribución y logística, a costa de dejar sin estos bienes los almacenes institucionales estatales. Es un escenario probable y que pinta muy riesgoso para las improvisaciones que vienen y que más de un gobernador podrá darse de topes, pues podría ocurrir todo lo contrario, de manera que se vean excesos de gasto sin resolver el desabasto o en su caso empeorarlo.

El 2024 será nuevamente sujeto de experimentación y con la presión de lograr resolver el abasto y el Gobierno Federal refrenda su compromiso ante su fracaso. También persiste un posible resultado desafortunado en extremo.

Un ejemplo de las persistentes improvisaciones es el mengüe resultado de la compra consolidada complementaria de medicamentos y de dispositivos médicos para el 2024 emitida, ahora, por la Secretaría de Salud. Este proceso integró diversos bienes terapéuticos que fueron rápidamente consumidos a lo largo de 2023 y que agotaron las piezas programadas para 2024, inclusive (consumos superiores a 200 por ciento respecto a su demanda programada para el año en curso), y otros más que no fueron adquiridos por diversos problemas de logística, distribución o por incumplimiento de los oferentes asignados.

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Este proceso implica algunas condiciones: los oferentes asignados deberán entregar a Birmex, limitando las entregas directas a las instituciones, lo cual no es necesariamente buena noticia ante los problemas vistos en años anteriores. Por otra parte, se permite la participación con registros sanitarios extranjeros bajo la modalidad de licitación abierta internacional, de manera que aquellos que fueran asignados, requieren que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) valide la seguridad y eficacia de estos. En general, fueron las empresas establecidas en el país las que nuevamente garantizan más del 90 por ciento de las partidas adjudicadas. Al momento, el fallo (que refiere a ofertas asignadas y ofertas desechadas), no se ha concluido por contradicciones administrativas que pone en duda el resultado.

El autor es director del Instituto Farmacéutico (INEFAM)