Hablemos de corrupción

Esta semana se dio a conocer la última edición de la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental que realiza el Inegi cada dos años. Este ejercicio registra información valiosa sobre el calvario que enfrentan muchos ciudadanos al entrar en contacto con las autoridades, ya sea para realizar un trámite o para acceder a un servicio público básico o urgente.

La primera evidencia apunta a que la corrupción no se elimina por decreto. El costo de los sobornos para realizar trámites o acceder a servicios sigue siendo de 9 mil 500 millones de pesos. Esta cifra es menor a lo registrado en 2019, sin embargo, todo apunta a que la razón está más en la automatización de servicios que en una mejora en los actos de autoridad o en las capacidades de las burocracias.

La pandemia y las políticas de distanciamiento social obligaron a adoptar una recomendación que se venía haciendo desde hace años: la eliminación de intermediarios en los puntos de contacto en trámites y servicios. De esta manera, más de la mitad de los encuestados (54.5 por ciento) tuvieron una interacción con el Gobierno a través de internet y se duplicó el número de quienes lograron realizar sus trámites, pagos o solicitudes por este medio. Sin coyotes a la vista, la demanda de servicios tuvo, en general, una mejor respuesta. Los ciudadanos también reportaron, en general, mejor trato. Esto no quiere decir que la calidad final de los servicios haya mejorado como por arte de magia.

La mayor cantidad de sobornos se siguen presentando en el contacto con autoridades de seguridad en donde no hubo mejoras. Las personas tuvieron que pagar en promedio 3 mil pesos. Los espacios en los que se ejercen actos de autoridad como ministerios públicos, tribunales, o trámites para abrir una empresa son los más señalados como fuente de sobornos.

Tal vez esto explique que en general la percepción sobre la existencia de la corrupción de ventanilla no ha tenido grandes modificaciones.

Los datos de Inegi permiten conocer en qué entidades se registraron cambios positivos y cuáles son los trámites y servicios, que requieren automatización, vigilancia social y transparencia. Con ello no se eliminará por completo el fenómeno de la corrupción, pero sin duda mejorará mucho el acceso a los servicios a los que todos tenemos derecho.