La Sedatu paga millones por obras que ellos mismos cancelan

El actuar de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como botín de Gobierno Federal, ha mantenido un bajo perfil muy conveniente frente a otros de sus escándalos. Sedatu parece una fuente de desvíos y opacidad.

Atendamos el extinto Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), la estrategia con la que la llamada cuarta transformación buscaba rescatar colonias marginadas y con rezago histórico mediante la construcción de espacios públicos, centros sociales y deportivos, el mejoramiento de vivienda y la regularización de la tenencia de la tierra. Esto con la Sedatu como instrumento.

Durante el primer año de la actual administración, el programa se mantuvo en el papel, pero no se construyó una sola obra más: lo abandonaron, aunque convenientemente no soltaron el presupuesto. Lo rebautizaron como Programa Territorial para el Bienestar, que en teoría haría lo mismo que el PMU.

La realidad es otra. El nuevo programa no construye: paga pasivos. Es decir, se dedica a saldar pasivos que no cubrieron a las empresas que operaron el programa anterior. Para muestra, un dato: en este ejercicio fiscal se entregaron a la Sedatu más de 400 millones de pesos únicamente para cubrir obras que se adeudan.

A esto se suma otro esquema, igual de rentable para no rendir cuentas: la actual administración ha rescindido contratos de obra y servicios, lo que ya generó al menos 25 demandas por un monto conjunto cercano a los 490 millones de pesos –más que todo el presupuesto asignado al programa este año–. Ese dinero se convierte en deuda que el Gobierno debe pagar, porque la rescisión fue decisión suya, y sin que la obra se haya entregado. Todo parece perfectamente legal: no hay obra que auditar, entrega que verificar ni dinero del que rendir cuentas.

La Secretaría es lenta, opaca, ineficaz y arrastra acusaciones de corrupción. Dos ejemplos bastan. El Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar prometió entregar 1.8 millones de casas para 2030; a la fecha lleva sólo 24 mil 500, apenas 1.36 por ciento de la meta en casi dos años. El segundo ejemplo es el esquema de priorización en la regularización de tierras: hay inconformidad entre comunidades indígenas por la falta de audiencias públicas y por la parálisis de los expedientes de restitución de tierras.

Y esto no es novedad. En este espacio ya denunciamos el esquema que opera la Sedatu para “agilizar” el pago de predios, con su debida mochada: si pagabas, movían tu expediente; si no, quedabas en el olvido y el predio jamás se cobraba.

El esquema funciona desde la Dirección Jurídica, y en los chats a los que tuve acceso se pedía dinero para “la superioridad”; estas denuncias llegaron hasta el jefe de Oficina de la secretaria Edna Vega Rangel y a la fecha no ha pasado nada.

A este cuadro de mal funcionamiento, parálisis, opacidad y corrupción se suman las denuncias de acoso sexual y las de hostigamiento laboral que apuntan, principalmente, a la todopoderosa subsecretaria Griselda Martínez, que –según las propias denuncias– es en realidad quien manda en la Secretaría: quita, pone, veta, coloca, decide qué se paga y qué no, qué es prioridad y qué no lo es. Todo bajo la mirada de una funcionaria discreta, Edna Vega, que –ya sea por comodidad o porque está rebasada– no mueve un dedo en la Sedatu sin el consentimiento de su subsecretaria. La pregunta radica en si lo sabe la presidenta Sheinbaum y si hará algo al respecto.

En la última evaluación de GobernArte, Edna Vega y la Sedatu volvieron a quedar en último lugar de todo el gabinete de la presidenta Sheinbaum: 22 de 22; esa es la percepción ciudadana, que la reprueba el 66.8 por ciento. Una Secretaría opaca, con muchas cuentas por rendir.

@MaiteAzuela