Opinión
/ 21 septiembre 2021
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Según información de la Secretaría de Hacienda (La Jornada, 20-09-21), desde diciembre de 1995 a julio de este año en cifras actualizadas, el pago de intereses y comisiones por las obligaciones financieras del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ascienden a 1 billón 500 mil millones de pesos (mmdp).

Según la misma dependencia, los requerimientos y pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) –a través del cual se absorbieron las enormes deudas bancarias como deuda pública en 1998- a la misma fecha sumaron 1 billón 21 mmdp (975.89 mmdp en pasivos y 45.58 mmdp del programa de apoyo a deudores), saldo muy superior a los 704.9 mil millones de pesos del primer año de este siglo.

Respecto al crecimiento de la economía, a inicios de este siglo los pasivos del IPAB representaban 10.3% del PIB y actualmente se redujo a 3.5%, sin embargo, el pago de dichos compromisos financieros es una carga pesada para el presupuesto federal, asunto histórico y presente del que no habla la derecha política, académica y mediática. Tan sólo para el próximo año 2022 de comisiones e interese se deberán entregar 38.69 mmdp, lo suficiente para cubrir la deuda del gobierno de Coahuila.

Se debe recordar que, tras la crisis de 1995, con la depreciación y el consecuente incremento de la tasa de interés pasivas –al ahorro- y, por tanto, activas –al crédito-, los bancos (privatizados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari) no pudieron cumplir los compromisos financieros con los ahorradores, pero además entre éstos se realizaron transacciones y triangulaciones no permitidas en la ley bancaria, por lo cual se provocó la que quiebra real de dichas instituciones privadas de intermediación financiera, así que, en acuerdo del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, dicha deuda privada se convirtió en deuda soberana que se paga con las contribuciones de la sociedad mexicana.

Ante la crisis económica, en el año 1996 la izquierda política planteaba que la banca comercial instrumentara estrategias de pago de créditos de los usuarios, como reestructuración con menos tasa de interés, quitas al capital y acuerdos de pago según el ingreso del deudor, además de que los accionistas de loa bancos también pagaran con su capital propio –como debía ser- una parte proporcional de los compromisos con los ahorradores; no fue así y la derecha convirtió la deuda privada de los banqueros en deuda pública que pagamos todos las y los mexicanos desde hace más de 20 años y se extenderá, según analistas, durante 70 años más.

Se argumenta que el pago del Fobaproa por parte de los contribuyentes evitó una crisis mayor, pero aún no se transparenta ni las transacciones originales en y entre bancos, ni el pago a las personas específicas supuestamente ahorradores en aquellos tiempos y ahora beneficiarios del pago presupuestal. Pero hay otras voces que afirman que la nacionalización de la banca realizada por José López Portillo en 1982 fue una estrategia más acertada para superar la crisis económica específica de ese año, más que el rescate bancario de Ernesto Zedillo que, aparte de que la crisis fue más costosa para la sociedad, aún tenemos ese lastre en el presupuesto federal.

No fue casualidad elegir el 12 de diciembre de ese 1998 para que la derecha política aprobara el gran atraco a la nación, mientras millones de fieles de la Virgen de Guadalupe le enviaban plegarias implorando apoyo para resolver sus necesidades –que eran muchas en esos tiempos de crisis económica-. La negociación política derivó en la presidencia de la República para el PAN en el año 2000 y el apoyo incondicional por parte del PRI al supuesto triunfo de Felipe Calderón en 2006. Acuerdos políticos más que el beneficio de las familias mexicanas. Fobaproa no se olvida.