La 4T y las reformas para los dineros

El país enfrenta un problema que las autoridades y los empresarios escamotean o minimizan. Tiene que ver con los recursos públicos y la situación a la que Andrés Manuel López Obrador llevó a las finanzas públicas por dos decisiones: el incremento sustantivo de las pensiones no contributivas y la falta de fortalecimiento de los ingresos públicos. Y a ello se suma una realidad: el bajo crecimiento de la economía. Se fortalecieron los ingresos de la mayoría de las personas, pero no el pastel a repartir. En el acumulado, se padece una crisis grave en las finanzas. Se gasta más de lo que ingresa.

El déficit se resuelve con deuda y con disminución del gasto en temas críticos, como la inversión y la infraestructura social. El año de la elección fue demencial, se incrementaron gastos por las asignaciones directas a la población con un evidente propósito electoral y, por otra parte, se recurrió a deuda sin precedente, no sólo respecto a los años previos del gobierno obradorista, sino prácticamente de la historia reciente del país. Nunca fue en tales proporciones, ni siquiera durante la pandemia, con tal de ganar votos.

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La realidad es que la Presidenta hereda un campo minado: las dos grandes empresas paraestatales demandan cuantiosos recursos por malas decisiones presidenciales. Las obras relevantes del gobierno no cumplen con sus metas y objetivos; además generan un déficit presupuestal importante. Pemex ha dejado de contribuir y su deuda impacta la soberanía del país. Ya no hay fondos, fideicomisos, bolsas o partidas de las cuales disponer; López Obrador les puso fin. Una falacia de que acabando con la corrupción habría dinero para todo. La corrupción no se acabó, creció –como muestra el mal llamado huachicol fiscal– y el país padece el austericidio con un deterioro serio en la calidad de los servicios públicos y una afectación a la red de protección social, asociada a la salud, educación, el cuidado del medio ambiente y la vivienda.

El gobierno ha emprendido mucho para fortalecer los ingresos fiscales, y para ello han servido los dientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), algunas veces sin fundamento legal, otras rompiendo precedentes de connivencia o impunidad que beneficia indebidamente a grandes contribuyentes. Allí remiten las reformas recientes en materia fiscal, incluso las que se han aprobado en materia de amparo. Se resolvió afectar a una de las grandes instituciones de protección a las personas para resolver un problema de finanzas públicas. El Congreso destruye una institución con la idea de que es la manera de otorgar al gobierno capacidad para ganar, por las buenas o por las malas, al contribuyente, según esto, al gran contribuyente.

No se requería de tanto si eso se pretendía. Pero así es como opera el nuevo régimen. No hay espacio a la reforma propiamente, esto es, mejorar lo que existe, acabar con sus insuficiencias o desviaciones del objetivo que la anima, sino para la destrucción institucional. En ese intento, se crea un problema mayor.

Esa es la crónica de mucho de lo que se ha hecho, así ocurrió con el anterior sistema judicial. Lo de ahora es disfuncional, incluso para el mismo gobierno. No sólo ganó la parcialidad y el sometimiento de los juzgadores y de la Corte al régimen; en tal empeño se filtró por la puerta grande la mediocridad, la inexperiencia, el desorden y, en consecuencia, la corrupción en la justicia.

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Es necesario y urgente fortalecer las finanzas públicas porque la situación habrá de ser insostenible cuando el gasto social se incremente por efecto de la demografía, particularmente si el crecimiento económico es bajo o inexistente. Se precisa redefinir el gasto social para conciliar el bienestar de las personas con su dignidad e integración a la vida productiva. Se requiere focalizar el gasto, que las transferencias monetarias lleguen a quien lo necesita. La vía de ir sobre la elusión y evasión fiscal de los grandes contribuyentes no da para todo, y ampliar tal práctica a los demás afecta la certeza de derechos y el sentido de justicia.

Una reforma inteligente de los dineros debe dar respuesta al hecho de que más de la mitad de los negocios no paga impuestos al SAT. Muchos de ellos lo hacen al poder criminal que por la vía de la extorsión se impone. Una solución de fondo resulta ya impopular y electoralmente costosa. El populismo en el poder plantea un problema mayor a quien se le opone, ser responsable es electoralmente costoso, mientras el país va a la deriva.