Escribo esto en sábado, cuando la noticia sobre el asalto a la Embajada de México en Ecuador se encuentra al rojo vivo. Mi columna se publica el miércoles y el domingo tendremos el debate entre candidatos a la Presidencia de la República. Muy probablemente, para el miércoles, mi reflexión dejará de ser nota. Aun así, van mis comentarios.
Vamos al grano: La irrupción de las fuerzas de seguridad de la República de Ecuador en la Embajada de México en Quito viola con toda flagrancia el Derecho Internacional, en particular el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; así como el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El acto es violatorio de la soberanía mexicana, puesto que las embajadas se consideran territorio soberano del país que representan. Puede usted añadir todos los calificativos que desee para reprobar este hecho.
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En México la condena ha sido prácticamente unánime. Todas las fuerzas políticas, las dos candidatas y el candidato, han reprobado el hecho. Los pocos que tratan de argumentar contra el gobierno mexicano, buscan alguna justificación al hecho, pero sin avalarlo. El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en repetidas ocasiones ha tenido enfrentamientos con López Obrador, ha condenado el hecho. La propia sede de la OEA fue víctima de un acto similar en Managua.
Para el gobierno ecuatoriano esto no es nuevo. Recientemente tuvieron que lidiar con el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Su arresto sólo se dio una vez que las autoridades de Ecuador le retiraran su respaldo y lo invitaran a salir de la sede diplomática. El 13 de febrero 1981, fuerzas de seguridad en La Habana entraron a la embajada de Ecuador a arrestar a cubanos ahí asilados.
Para el mundo tampoco es nuevo. Existen casos en que no son las fuerzas policiacas, sino turbas de personas incitadas por algún liderazgo político, quienes violan la inmunidad de las sedes diplomáticas, como en los casos de los rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán el 4 de noviembre de 1979 o de la sede consular de Estados Unidos en Benghazi, Libia, el 11 septiembre de 2012, donde mataron al embajador y a otro diplomático.
Es más grave cuando el gobierno sede comete esta violación o cuando la perpetra un gobierno extranjero ajeno al país sede. Algunos recordarán que el dictador panameño, Manuel Noriega, pidió asilo en la embajada del Vaticano y que las fuerzas estadounidenses sitiaron la sede diplomática, hasta que Noriega salió por su propio pie, convencido de que no había otra salida. En México, muchos años atrás, tenemos el caso León Trotsky asilado por el gobierno de Lázaro Cárdenas a petición de Diego Rivera. Fue asesinado por un esbirro de Stalin en su domicilio particular de Coyoacán en la Ciudad de México.
La política exterior de México tiene claros y oscuros. El autoritarismo, con sus diferentes tonalidades, en el que vivimos entre 1929 y 2000, obligaba a una política exterior de avestruz: la no intervención consistía en no opinar o entrometerse en los asuntos externos para no provocar cuestionamientos por los atropellos y falta de democracia que cometía el régimen en México.
Aun así, debemos reconocer la gran labor de muchos diplomáticos a lo largo de la historia y el gran aporte que recibimos de muchos refugiados extranjeros a nuestro país. Destacan, sin duda, los diplomáticos mexicanos ante las dictaduras de Argentina y Chile o el despliegue de ayuda a los refugiados españoles. La figura del Cónsul mexicano en París, Marsella y Ballona, Gilberto Bosques, es legendaria, salvó la vida a miles de personas de las garras de la dictadura franquista y del régimen nazi tras la derrota de la República Española y durante la Segunda Guerra Mundial.
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Dicho lo anterior, debemos recordar lo señalado por la Convención de Viena sobre el Asilo Diplomático del 29 de marzo de 1954. En su artículo 3 señala: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpados o procesadas en forma ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes.... (Segundo párrafo) Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren a un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según sea el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlos por delitos políticos anteriores al momento de la entrega”.
En 2017 el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue condenado a ocho años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuando era vicepresidente del expresidente Lenin Moreno. El Parlamento con la confirmación del Presidente avalaron el hecho. En 2023 surgió otro caso por corrupción en el manejo de fondos de un terremoto.
Nada justifica el atropello cometido por el gobierno de Ecuador ni el trato que dieron al personal diplomático de México. Pero qué lejos estamos de una política exterior a la altura de lo que debe ser, en el marco de nuestra Constitución.
