La reforma al INFONAVIT, casas de 550 mil pesos y rentas de 2 mil 500 pesos en Saltillo, ¿es posible?

El pasado 1 de febrero, en la Cámara de Diputados aprobamos una de las reformas más urgentes para México: la transformación del INFONAVIT. Con el voto en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano —partidos que durante décadas convirtieron la vivienda en un negocio—, esta reforma es crucial para corregir un sistema diseñado para beneficiar a constructoras y políticos, no a las familias.

¿Por qué era necesaria esta reforma? Desde 1972, el INFONAVIT fue creado para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Sin embargo, en los 90, bajo gobiernos neoliberales, abandonó su misión social. Dejó de construir casas y se convirtió en un “banco” que otorgaba créditos para comprar viviendas privadas, muchas veces mal ubicadas, diminutas o sin servicios. Peor aún: sus fondos, provenientes de los trabajadores, quedaron fuera del escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante 50 años. El resultado fue un caldo de cultivo para la corrupción.

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Casos como los hijos de Vicente Fox lucrando con casas abandonadas, notarios en Nayarit haciendo fraudes a miles de personas, o acuerdos con constructoras para edificar casas diminutas en zonas sin agua ni transporte, explican por qué hoy 6.1 millones de viviendas están abandonadas en México (CONEVAL). Familias enteras quedaron atrapadas: sin un hogar habitable y con deudas impagables porque tuvieron que abandonar su “vivienda”.

Tres claves de la reforma: transparencia, accesibilidad y protección

1. Fin a la opacidad: Por primera vez, la ASF fiscalizará todas las operaciones del INFONAVIT. Se acabó el blindaje a los corruptos.

2. Viviendas dignas y asequibles: El instituto creará una empresa filial especializada en construir casas de calidad a precios sociales. Hablamos de viviendas con precio en torno a 550 mil pesos, ubicadas cerca de escuelas, hospitales y centros de trabajo, diseñadas por arquitectos mexicanos talentosos y que cumplirán estrictas regulaciones de calidad, tamaño y funcionalidad.

3. Arrendamiento social con opción a compra: Un trabajador con salario mínimo pagará una renta de 2 mil 544.05 mensuales (30% de su ingreso). Tras 10 años, lo aportado en renta se descontará del precio final de la casa. Además, habrá protecciones contra el desempleo y opciones para informales con ingresos comprobables. También se construirá vivienda más grande o atractiva para quienes puedan pagar maś, con el mismo beneficio de que lo aportado como renta se puede descontar del precio de la casa si se decide comprar.

El impacto: frenar la especulación y recuperar la esperanza. En ciudades como Saltillo, los precios de la vivienda suben 30 por ciento anual. Esto no es “libre mercado”, sino un oligopolio donde políticos-empresarios —como el gobernador de Coahuila y su inmobiliaria— inflan costos para enriquecerse. La reforma rompe este círculo: al ofrecer opciones públicas accesibles, se obligará al sector privado a dejar de vender “jaulas de concreto” a precios exorbitantes.

¿Por qué votaron en contra PRI, PAN y MC? La respuesta es clara en Coahuila: sus líderes están vinculados a las mismas inmobiliarias que especulan con un derecho humano. Prefieren defender sus negocios antes que apoyar a jóvenes y a familias mexicanas que no tienen un techo propio. Es, por cierto, mi caso, pues vivo en la casa de mi madre.

¿De qué hablamos cuando decimos “prosperidad compartida”? Esta reforma es un gran ejemplo: es la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de un México donde el esfuerzo individual no sea saboteado por la codicia de unos cuantos. Tomemos Saltillo como ejemplo: una ciudad llena de trabajadores que, a pesar de dedicar muchísimas horas al trabajo, incluyendo enormes tiempos de traslado, horas extra, ahorros y sacrificios, ven cómo una casa básica pasa de costar 450 mil pesos en construcción a venderse en 2 millones o más. No lograr tener tu propia vivienda no es por falta de empeño, es especulación pura.

Esta reforma al INFONAVIT ataca ese abuso. Al construir viviendas sociales de calidad y ofrecer arrendamientos asequibles, rompemos el círculo perverso donde las inmobiliarias convierten un derecho en lujo. La prosperidad compartida no es un eslogan: es asegurar que quien levanta este país pueda, al fin, tener un techo digno sin que un puñado de empresarios-políticos le exprima hasta el último peso. Ese es el México que estamos construyendo.