El actual contexto socioeconómico y político a escala nacional, requiere, para ser criticado y problematizado, el uso de mediciones y datos que regulen las necesarias discusiones que se dan. El citar fuentes corroboradas en lugar de notas falsas, es la única vía para que las noticias y publicaciones, no vuelvan turbias las aguas del debate nacional que incluye temas delicados como narcotráfico, corrupción y estado de derecho.
Aceptar tomar el tiempo en verificar de manera fidedigna implica llegar tarde al tráfico digital con las notas; perderse tal vez la primicia, eligiendo en lugar de asestar un primer golpe mediático, la veracidad de la información que incide directamente en la res pública. ¿Cuántos medios de comunicación o portales noticiosos pueden optar por la mesura y aguantar a verificar antes de publicar datos “sustanciosos” y en apariencia reveladores?
A la ciudadanía mexicana le urge información y debate documentado que además posea otro atributo: que sea una polémica con el interés en pro de la polis. Y es que la polarización que se vive, no aguanta descalificativos rijosos en aras de una “libre expresión”, pues si por libre expresión se entiende una sarta de improperios, se está lejos de todo aporte nutritivo que abone a un marco social de respeto. Y es que las noticias ya, por sí mismas, en muchos casos tienen un contenido virulento a causa de los temas que abordan.
Los asuntos de la res pública, están ligados precisamente a un concepto que se ubica en la antigua Roma. Y no, el vocablo res no proviene del árabe ra´s, que significa cabeza o cabeza de ganado como anteriormente se decía. Res, como la etimología lo indica, proviene del latín res que significa cosa. Y pública proviene de publicae, lo que refiere al populus, es decir al pueblo. Así, con esta expresión, res pública, se unen dos conceptos: las cosas destinadas al uso público y las cosas destinadas a sostener con sus frutos, los gastos del Estado.
Por eso, en este asunto de la res pública en México, es importante considerar desde dónde se diseña la información que circula públicamente. ¿Cómo habrán los ciudadanos de creer al aparentemente diverso río de noticias? Aquí llama la atención que en un país conformado por 32 entidades federativas, sean solo 11 las familias las que controlen más de la mitad de los medios de comunicación más relevantes. Hablamos de 24 de los 42 medios que a su vez tienen otros soportes informativos a donde migran las notas elaboradas. Estos medios son además, los que reciben la mitad del presupuesto de publicidad oficial.
Esto, de acuerdo a un monitoreo realizado por Reporteros sin fronteras y CECOS, especifica que seis de ocho televisoras, seis de 11 radiodifusoras, seis de 13 sitios online y seis de 10 periódicos impresos, pertenecen a corporativos conformados en el pasado siglo XX. Detallan que en el caso de los portales de internet es donde se diversifica la propiedad de los medios de comunicación. Y al hacer un acercamiento a estos datos, apuntan que nueve familias participan en este tipo de mercado desde hace dos o tres generaciones.
Si este estado de cosas no cambia, ¿será posible considerar que los corporativos noticiosos cuenten en un futuro con una herramienta regulatoria más específica? Tal vez, así contarían con elementos adicionales para garantizar con más claridad la distinción entre noticias y entre publicidad pagada y también sería posible dotarles de elementos que les permitan enfrentar las intensas presiones que se ejercen sobre ellos.
Por lo pronto, este aparente mar de información, no es tal. Ya está visto.
