La salud mental: un privilegio con estigmas de género
Desde 1992, cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, derivado de la propuesta impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental y apoyada por la OMS; en cuyos objetivos principales se encuentra concientizar que la salud mental debe ser atendida como una prioridad global, de forma inmediata y con el fin de eliminar cualquier estigma de género.
En el preámbulo de la Constitución de la OMS de 1948 se establece el concepto de salud que a la letra manifiesta:
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En ese sentido, es importante enfatizar que la salud mental es un componente fundamental para el buen funcionamiento
y la eficaz contribución de cada integrante frente a su comunidad.
1. ¿Derecho o privilegio?
El marco normativo que regula la salud mental, en específico el artículo 4 de nuestra Carta Magna, manifiesta que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, entre ellas la mental, a su vez, el artículo 72 de la Ley General de Salud señala que la prevención y atención de los trastornos mentales tiene carácter prioritario.
No obstante, si se analiza más allá del derecho adjetivo será posible ver la realidad que enfrentamos en el País, en donde la atención mental se considera de carácter innecesario, un tema pendiente en la agenda política de México y como una herramienta exclusiva e inaccesible para muchas personas, situándola más allá de un derecho: en un privilegio de clase.
Los datos que sustentan lo anterior permiten dar a conocer que, de acuerdo al Inegi en su última estadística, en México hay 12 especialistas por cada 100 mil habitantes, siendo una cifra insuficiente para que la salud sea atendida de la manera más óptima.
Entre las mayores dificultades que sitúan a México en un país en el cual la salud mental no es garantizada se encuentra el crecimiento acelerado
en la demanda de estos servicios; frente a ello, el bajo índice de personal y el poco financiamiento económico, de
operación, infraestructura e inversión.
De acuerdo con el censo realizado por el Inegi en 2020, solamente 2 de cada 10 personas obtienen atención derivada de una condición mental, provocando que las personas se conviertan en sujetos marginados y sin acceso ni garantía a sus derechos básicos, como es la salud mental.
2. ¿La salud mental tiene un impacto de género?
En la misma encuesta del Inegi de 2020 se obtuvo que del 66.96 por ciento del total de personas que manifestaron sentir depresión, el 37.45 por ciento corresponde al sexo masculino y el 95.27 por ciento restante al sexo femenino.
Por otro lado, las estadísticas de 2021 sobre defunciones por suicidio señalaron que de 8 mil 447 defunciones, 6 mil 863 correspondieron a actos cometidos por hombres, mil 570 a mujeres y 14 sin especificar, para lo cual nace la siguiente interrogante:
¿Existirá algún estigma de género, atribuido a la carga sociocultural, en que los hombres son quienes menos aceptan y demuestran encontrarse en una situación de depresión y que a su vez son quienes
presentan el mayor índice de suicidios?
Una vez atacados estos dos puntos es necesario poner en ojo crítico la situación que vivimos frente al tema de la salud mental. Por un lado, se habla de un derecho obstaculizado por barreras económicas, demográficas e institucionales que lo convierte en un privilegio.
Y de manera paralela, haciendo un análisis a través de la perspectiva de género, se puede deducir que la búsqueda por una salud mental estable se encuentra contaminada de estigmas y estereotipos de género que colocan a las mujeres como el sujeto principal del tema, al ser ellas quienes en su mayoría reconocen y atienden su salud emocional.
Por todo lo anterior, resulta urgente que los programas y agendas de todos los sectores posicionen a la salud mental como centro y prioridad de los objetivos para la búsqueda del desarrollo humano, pues a través de esta herramienta será posible mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y las relaciones interpersonales; se reducirán un sinfín de factores de riesgo y, por supuesto, se abonará al desarrollo de una sociedad más inclusiva, participativa, solidaria y sin estigmas de género que lleguen a afectar uno de los principales elementos de una persona: su salud mental.
La autora es secretaria
técnica de la Comisión
de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia del Congreso
del Estado de Coahuila
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos
de VANGUARDIA
y la Academia IDH