Libertades bajo fuego: condenar es insuficiente

Ayer se informó de las víctimas número 10 y 11 en la ya muy larga lista de periodistas mexicanos que han sido asesinados en lo que va de 2022. Yessenia Mollinedo Falconi, directora del periódico El Veraz y la camarógrafa Johana García Olvera perecieron víctimas de un ataque con armas de fuego.

Las características del ataque, ocurrido en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, obligan a que se investigue, en primer lugar, la posibilidad de que el homicidio esté relacionado con el ejercicio periodístico.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno de la República, condenó el atentado y aseguró haber puesto a disposición del Gobierno de Veracruz “las capacidades operativas y de investigación que coadyuven a esclarecer los hechos”.

No se espera, desde luego, una postura diferente de las autoridades estatales y federales frente a tales hechos. Pero, también es necesario decirlo, se trata de una reacción que resulta insuficiente a estas alturas, cuando los cadáveres de los periodistas mexicanos se apilan sin que las autoridades impidan que tales crímenes queden impunes.

No se rechaza la empatía, pero tampoco es posible conformarse con declaraciones que se repiten una y otra vez, como si las autoridades gubernamentales no tuvieran responsabilidad alguna en la tarea de prevenir los hechos que hoy lamentamos.

Son once ya las víctimas mortales. Once las familias de periodistas que se han cubierto de luto en lo que va del año. Y el hecho de que el número no haga sino crecer demuestra que quienes perpetran los hechos asumen que se mantendrán en la impunidad.

Seguramente hoy se dirá que “a diferencia del pasado”, los periodistas asesinados no sucumben a manos de agentes del Estado. Y eso, se supone, debe servir de consuelo a los deudos de los periodistas caídos. Como si al sufrir la pérdida de un ser querido hiciera diferencia el saber que fue un delincuente -y no un representante de la ley- quien accionó el arma homicida.

Pretender que la explicación anterior sirva para exculpar a las autoridades gubernamentales constituye un agravio adicional para las familias de quienes han sido victimados por ejercer el derecho a la libertad de expresión, además de una ominosa advertencia para toda la población: las libertades no pueden ser garantizadas por el Estado y entonces deben ser practicadas por cada individuo bajo su propio riesgo.

Se trata de una realidad inaceptable que debe ser señalada sin titubeos ni concesiones: las instituciones mexicanas están fallando en la obligación que tienen de garantizar la seguridad de la ciudadanía y la posibilidad de que todos ejerzamos a plenitud nuestros derechos.

Contrario a lo deseable, quienes han decidido imponernos sus reglas -desde el territorio de la delincuencia- están recibiendo de las instituciones públicas un respaldo tácito que debe cesar de inmediato y trocar en un contundente cese a la impunidad.