Los (des)encuentros México-Washington y la responsabilidad política
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La apuesta por la química personal como elemento articulador de las relaciones entre dos gobiernos siempre es riesgosa. En la historia de la relación bilateral es normal que existan momentos de acercamiento y distanciamiento; de cooperación o desconfianza. Lo que difícilmente ha ocurrido en el pasado, es que de manera simultánea, se produzcan un deterioro de las condiciones objetivas (la capacidad de trabajar juntos –aunque no necesariamente de estar de acuerdo– en temas torales como migración, seguridad, comercio, energía y medio ambiente) y de las condiciones subjetivas (la química personal entre los mandatarios).
Lo valioso de los mecanismos institucionales es que permiten transitar los desacuerdos. Tal como se dice en el argot diplomático: ‘estamos de acuerdo en tener desacuerdos’ y procesar la relación a partir de puntos de vista diferentes o incluso contrapuestos.
Hoy asistimos a un momento particularmente delicado de la relación bilateral, porque desde la Presidencia de México se han desdeñado los mecanismos institucionales, en un momento donde la relación personal entre los mandatarios sufre un agudo deterioro. Se juntaron los diferendos objetivos con la disonancia subjetiva.
Los asuntos inconclusos del pasado siempre regresan a acecharnos, como fue el caso en la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, el 12 de julio de 2022.
El gobierno de Joe Biden tenía registrado el tardío reconocimiento de su victoria por parte de su homólogo mexicano, que hizo campaña por Donald Trump. Y también tenía anotadas las múltiples advertencias sobre la política energética mexicana basada en combustibles fósiles y presuntamente violatoria del T-MEC que le plantearon a AMLO tanto el enviado para el clima, John Kerry, como su secretaria de Energía, la señora Jennifer Granholm.
Y luego el mandatario mexicano no asistió a la Cumbre de las América, en Los Ángeles, California, del 8 al 10 de junio de 2022, donde lo esperaban, además del anfitrión, tres millones y medio de mexicanos.
No tuvimos que esperar mucho tiempo para conocer el balance del lado estadounidense: Tres días después, el 15 de julio, La recaptura de Rafael Caro Quintero en Choix, Sinaloa, presumiblemente como resultado de la información que la vicepresidenta Kamala Harris trasladó al presidente mexicano con fines de extradición. Ello ocurrió 37 años después del asesinato de Enrique Camarena.
Ocho días después, el 20 de julio, la presentación oficial por parte del gobierno del presidente Biden, de una queja contra el Gobierno de México por presuntas violaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en materia de energía y política energética. Al día siguiente Ottawa se sumó al reclamo. En el marco de las consultas, en los primeros 30 días las partes se sientan a la mesa y de no llegar a un acuerdo en 75 días, se establece un panel de expertos para que resuelva. EU y Canadá consideran que México no está en línea con los compromisos que ha firmado.
Si el veredicto del panel es adverso, México podría enfrentar sanciones arancelarias entre 22 mil y 30 mil millones de dólares, señala la agencia de noticias Bloomberg. No hay registro de que el presidente Biden le hubiese trasladado la cortesía, usual entre amigos, socios y vecinos, de avisarle al presidente de México que venía una andanada de esta dimensión.
La responsabilidad política dicta el regreso a los mecanismos institucionales, apegándose a los compromisos contraídos, firmados y ratificados por esta administración. Y en el camino, contestar la pregunta clave que ha planteado Rolando Cordera: ¿cómo asegurar la generación de energías, adecuadas y ambientalmente responsables, que el país requiere?
