La 4T es un proceso complejo, difícil de comprender, como todo cambio social y económico. No obstante, tenemos militantes que toda su vida han sido adherentes de la izquierda y lo explican, lo desmenuzan a fin de que los ciudadanos comunes comprendamos hacia dónde vamos como país. Este proyecto de nación, que es necesario, enfrenta barreras, pero no se puede vivir en el pasado con un proyecto de nación que caducó hace décadas y que quienes lo sostuvieron no les interesó poner al día conforme a los cambios del país y del mundo. Por ello es necesario que comprendamos hacia dónde vamos como nación, que constatemos qué puertas está abriendo la 4T porque no está dicha la última palabra al respecto y porque todo proceso de cambio avanza entre inquietudes.
No podemos los ciudadanos depender solamente de un actor que desde Palacio Nacional toma decisiones en soledad, no es obra del pensamiento iluminado de una persona, la transformación es obra del pueblo junto con su Gobierno, en realidad se trata de crear un nuevo sujeto social, alguien que piensa y trabaja. Se está haciendo camino al andar para sacar a los más de 50 millones de pobres de su situación de carencias y empujar para que obtengan un mínimo o bastante más bienestar.
La 4T tiene el objetivo de detener el enriquecimiento excesivo del 1 por ciento de la población que acapara la riqueza del país a base del hambre, la falta de salud y de educación de las mayorías a quienes llaman “flojos” que no quieren trabajar.
Cuando se entiende de qué se trata la 4T se comprende que lo que se está haciendo es gigantesco, aunque ahora es sólo el cimiento, se trata de mover el rumbo; por poner un símil, es dar vuelta a la locomotora, se trata de ver por los intereses generales de la sociedad sin que haya descarrilamiento porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Romper los diques del sistema del neoliberalismo de más de 40 años es harto difícil y no bastan 6 años para hacerlo, así que es una meta titánica.
El neoliberalismo absolutiza el crecimiento económico al convertirlo en un objetivo en sí mismo, lo que deja de lado el discurso moral reformista del liberalismo clásico. El neoliberalismo se justifica en el argumento de que el intervencionismo estatal favorece la corrupción y señala también la paradoja de que el Estado no está sujeto a ningún tipo de control social, lo cual es inexacto, por decir lo menos.
La concepción de mercado para el neoliberalismo es como un absoluto, un principio regulador del orden y el comportamiento social al que todos los aspectos de la vida se hallan sujetos y hacia donde todos deben ser orientados, desde los aspectos materiales hasta los imaginarios (culturas, intereses individuales, sistemas de creencias, sexualidad, etcétera), principios que adolecen de exactitud, ya que ignora las diferencias sociales.
El neoliberalismo pugna por la privatización de las empresas públicas, política que al entrar Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República se puso en práctica de inmediato y se pueden juzgar los resultados: AHMSA se vendió a los acereros del norte, y ahí están los resultados, ahora está quebrada y con 20 mil empleados pidiendo limosna en las calles para comer; vendió Telmex, empresa pública, al hombre más rico del mundo y así una por una las empresas públicas se malbarataron dándoselas a los amigos. Algunas prosperaron, otras quebraron y desaparecieron como la siderúrgica Las Truchas.
El Gobierno Federal ha entablado una fuerte lucha en contra de la corrupción, un mal encarnado en la clase política como una epidemia contagiosa a la que no tiene fin. Algunos analistas estiman que la corrupción que se ha evitado importa 500 mil millones de pesos al año. Con la 4T el salario mínimo se ha incrementado en un 44 por ciento desde que este Presidente asumió el cargo, un hecho insólito.
Ya es una realidad la pensión universal para los adultos mayores, el apoyo a niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos, programas que, por cierto, ya se elevaron a rango constitucional y están establecidos como derechos de observación obligatoria para quien esté en el Gobierno. El 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar. Para la 4T, el bienestar social que establece la ley es prioritario, el impulso ha sido fuerte y debe continuar.
