Personas sin propiedad, arrendamiento o simplemente un techo: la realidad (y crisis) del derecho a la vivienda en México

El derecho a la vivienda, que forma parte de los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), es muy complejo y desafortunadamente difícil de garantizar. Sobre todo cuando se trata del derecho no sólo a una vivienda, sino a una vivienda que sea digna y adecuada. Lo anterior, a pesar de encontrarse reconocido en numerosos ordenamientos jurídicos e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo reconoce en su artículo 4.

La vivienda, entendida como derecho, va más allá de proteger una propiedad o de generar condiciones para que las personas trabajadoras accedan a un crédito: el derecho humano a la vivienda es el derecho de todas las personas, por el hecho de serlo, a habitar un lugar digno y adecuado. El problema radica en que a pesar de que todas las personas somos titulares del derecho a disfrutar de una vivienda, la realidad revela que existen grandes vulneraciones a este derecho y que cada vez es más difícil acceder a un lugar para habitar de manera digna y adecuada.

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En particular, ONU-Habitat menciona que para que una vivienda sea adecuada debe contar con siete importantes elementos: la seguridad en la tenencia; la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; la asequibilidad, que se refiere a que el costo de la vivienda no ponga en peligro el disfrute o ejercicio de otros derechos; la habitabilidad; la accesibilidad, al considerar las necesidades específicas de las personas, especialmente aquellas personas con discapacidad; la ubicación; y adecuación cultural.

A pesar de lo anterior, las cifras demuestran la gran problemática que se vive en materia de vivienda en el país y la falta de viviendas adecuadas para las personas. En principio, debido a que no existe una cifra oficial, ni exacta, sobre el número de personas que no tienen una vivienda y, por tanto, habitan en las calles en nuestro país, lo que evidencia que este grupo de personas se encuentra en completa invisibilidad para el Estado mexicano. Fue en el 2011 que el CEPAL compartió que aproximadamente en México existían 14 millones de personas en situación de indigencia, lo que se traduce en millones de mexicanos sin un lugar digno y adecuado en el que puedan habitar.

Ahora bien, la complicación aumenta, aunado al alto número de población en situación de pobreza y pobreza extrema en México, en que cada vez es más difícil acceder al derecho a la vivienda, ya sea mediante la compra de una casa o por medio de la renta de un espacio para vivir. Lo anterior, tratándose de personas que cuentan con un empleo, emprendimiento, una carrera o profesión. Ahora no sólo las personas en situación de pobreza tienen dificultad para comprar o arrendar una casa: la crisis de vivienda se ha convertido en una problemática que abarca a todas y todos.

Cada vez es más difícil para un mexicano o mexicana promedio adquirir en propiedad una vivienda. Tan sólo hace falta ver que cada vez las propiedades cuestan más y los salarios son menos suficientes. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, en México una vivienda cuesta en promedio 287 veces más que el salario medio mensual de las personas trabajadoras, a fecha del primer trimestre del año 2023.

Por lo que adquirir en propiedad una casa es mucho más difícil en la actualidad que lo que era en épocas pasadas. En 2021, el Consejo Nacional de Vivienda de nuestro país, evidenció que, si a finales del siglo pasado era suficiente el 30 por ciento de un sueldo promedio durante 5 a 10 años para comprar una vivienda en México, actualmente se requiere hasta el 50 por ciento de dos salarios promedios durante 30 a 50 años para comprar una casa.

Sin dejar de lado que sólo una parte de la población mexicana puede acceder a créditos Infonavit o Fovissste, toda vez que para ello se requiere ser trabajador formal y que se esté afiliado en dichas instituciones. Y tan sólo en México, para el año 2023, 38 millones de personas trabajaban de manera informal, lo que se traduce en un 55.23 por ciento del total de las personas ocupadas en el país, según cifras de la ENOE. De ahí que, son más las personas que no tienen opción a estos créditos.

Por su parte, la mayoría de las personas que rentan una vivienda en México, específicamente el 51.4 por ciento, lo hacen debido a que no tienen acceso a un crédito o porque no tienen recursos, según datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 del Inegi, Infonavit y SHF. Además, que sólo un poco más de la mitad cuentan con un contrato de renta vigente que los proteja jurídicamente en su arrendamiento. Lo anterior, sumado a la problemática de falta de legislación para regular los precios de las rentas y los requisitos que se piden para ser arrendatario. Tomando en cuenta que para que una vivienda sea considerada asequible, se debe destinar menos del 30 por ciento de los ingresos mensuales del hogar a los gastos relacionados con ésta, según la ONU.

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Con todo esto no se pretende que el Estado le compre una vivienda a cada persona, sino que genere las condiciones necesarias para que las personas puedan acceder a una vivienda sin que eso signifique sacrificar otros derechos. Tal como lo explica Carla Escoffié (2022), algunas propuestas serían actualizar los programas de desarrollo urbano, legislar en materia de arrendamiento, adecuar los reglamentos de construcción, prevenir y mitigar la gentrificación, disponer de refugios, estimular la oferta de vivienda y otorgar créditos accesibles y subsidios.

La autora es Secretaria Técnica y Auxiliar de Investigación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH