Podemos (debemos) impedir la revocación
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La semana anterior llamamos en este espacio a frenar la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de tirar a la basura cientos de millones de pesos con la “consulta” sobre la posibilidad de revocarle o no el mandato recibido en las urnas.
Las comillas en la palabra “consulta” son intencionales y su propósito es llamar la atención sobre un hecho: consulta y revocación de mandato son procesos distintos y sujetos a reglas independientes.
Vale la pena desarrollar la idea y precisar cómo, contrario a la consulta gansito, aquí depende solamente de la ciudadanía frenar la realización de un ejercicio inútil e insultantemente costoso.
Comencemos revisando los requisitos esenciales de ambos procedimientos:
En el artículo 35 de la Constitución, relativo a los derechos de la ciudadanía, las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato aparecen en numerales separados.
El numeral VIII señala quiénes pueden iniciar el procedimiento para convocar a una consulta popular: el Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; y los ciudadanos.
El numeral IX indica quiénes pueden iniciar el procedimiento de revocación de mandato: “...los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores...” cumpliendo algunas condiciones adicionales.
Es decir, a diferencia de las consultas, la revocación de mandato es un derecho exclusivo de la ciudadanía. Por ello, solamente estos pueden activar el procedimiento de su organización.
A diferencia de la consulta, no puede ser el capricho de un gobernante razón suficiente para ordenar la realización del procedimiento.
Vale la pena recordar aquí cómo, cuando todo mundo había comprendido la inutilidad de realizar una consulta para enjuiciar a los expresidentes, nuestro Rey Julien del manglar utilizó sus facultades constitucionales para imponer su voluntad.
Pero no puede hacer lo mismo ahora. Aunque ya esté en campaña y desde el púlpito de la misa tempranera insista todos los días en darla como un hecho, la revocación sólo será si se reúnen las firmas necesarias para solicitar al Instituto Nacional Electoral su organización.
Y este es otro dato esencial: a diferencia de la no consulta del 1 de agosto pasado, aquí no intervienen ni el Poder Legislativo ni el Judicial. Solamente el INE tiene facultades para recibir, revisar y eventualmente aprobar un procedimiento de revocación.
¿Cuál es la razón para insistir en este espacio, permanentemente crítico del presidente (con minúscula), el impedir la realización de un ejercicio como éste? ¿No es acaso la oportunidad de oro de los críticos de López Obrador para poner fin a su desastroso mandato?
La respuesta es simple: a diferencia del mesías macuspano y sus acólitos, en este espacio sí somos demócratas y respetamos –aunque no nos guste– el mandato de las urnas. López Obrador fue electo para un período de seis años y debe permanecer en el cargo hasta el último día de su mandato.
Además, tal como ocurrió con la no consulta, es posible adelantar el resultado desde ahora: una amplia mayoría votaría por no revocar el mandato y entonces el ejercicio solamente serviría –como es evidente desde ahora– para inflamar el ego del inquilino de Palacio Nacional.
Por ello debemos oponernos a su realización y, sobre todo, estar conscientes de cómo esta vez la decisión de no tirar cientos de millones de pesos a la basura se encuentra enteramente en nuestras manos y no depende del capricho del sumo pontífice de la transformación de cuarta.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
carredondo@vanguardia.com.mx
