Algunos retos de la autonomía universitaria

Politicón
/ 16 junio 2019
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Los meses de mayo y junio de 1929, fueron claves en las diferentes luchas desplegadas por los universitarios de aquel momento, para lograr la tan ansiada libertad, distancia e independencia que requería la Universidad Nacional, de un gobierno y en general de un sistema político que se decantó en un régimen de partido hegemónico, corporativo de corte autoritario que se mantuvo en el poder de manera ininterrumpida por más de 70 años.

Gloria imperecedera a los jóvenes universitarios que impulsaron, tal vez sin querer, una de las grandes instituciones del Estado Mexicano, que ha dado con creces, resultados positivos en nuestra educación superior, ciencia, cultura y también y de manera indirecta, en la democracia y en la justicia social que fueron las banderas más importantes de la revolución mexicana.

Difícilmente se le puede negar a la UNAM, su contribución a la escalera de movilidad social de un México que pasó de tener una sociedad preponderantemente rural, a una altamente urbana, en donde generación tras generación, se han preparado profesionistas útiles a la sociedad, mejor aún, con las bases necesarias, para replicar y empoderar a una sociedad más consciente sobre el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

La diversidad, pluralidad y libertad con la que trabajan cotidianamente los académicos, ha permitido que en sus clases o bien en las investigaciones que llevan a cabo, se generen nuevos conocimientos, en algunos casos con alto impacto social, creando con ello conciencia crítica sobre los asuntos públicos que no están funcionando bien y que nos hacen daño. De ahí que, desde la autonomía universitaria, se han pensado y creado otras instituciones del Estado que son muy relevantes para nuestra democracia constitucional. Pienso en lo inmediato en el IFE hoy INE, la CNDH y el Ifai hoy Inai, por dar un breve ejemplo.

Es muy importante recordar la relevancia que tiene la autonomía universitaria, como principio y derecho con rango constitucional, no sólo para el cumplimiento obvio de sus fines educativos y de autogobierno, sino además porque la ciencia requiere de un pensamiento metódico y riguroso, que no debe ni puede ser contaminado por cualquier forma de dogma, fanatismo o prejuicio que nubla toda oportunidad para el desarrollo.

Si bien es cierto que se cumplen 90 años de autonomía para la UNAM, también es cierto que enfrenta retos que no deben pasar desapercibidos bajo ninguna circunstancia.

El reto de mantener un presupuesto suficiente y gradualmente incrementado en base a las necesidades que presenta anualmente la Universidad, es de sentido común, si es que los diputados desean que la UNAM siga siendo una institución de alta calidad académica, que produce ciencia y transmite conocimientos de vanguardia a nuevas generaciones de jóvenes que buscan mejorar su actual condición de vida, por medio de la educación. Es importante recordar que, por mandato constitucional, las universidades públicas ofrecen un servicio público bajo el principio de la gratuidad, en donde el Estado, asume la obligación de proveer solidariamente y de la mejor manera el derecho a una educación de calidad. No hay forma de hacerlo realidad, si no hay presupuesto suficiente para ello.

Un segundo reto es la injerencia política y de partidos que se quiera hacer de la UNAM, como una extensión del poder público. Por eso es autónoma, porque es una institución ajena a las competencias por la lucha del poder electoral. Esto incluye, las posibles intervenciones para asumir una sola visión ideológica de las cosas. La UNAM fue creada para abrazar la libertad en el más amplio sentido de la expresión, libertad para la diversidad y pluralidad y no para repetir la doctrina del pensamiento único.

Retos formidables que nos habrán de permitir seguir defendiendo nuestra distancia de todo lo ajeno a la naturaleza de lo que es, hace y debe seguir haciendo la Universidad de México.

Twitter: @Jorge_IslasLo

Licenciado en Derecho por la UNAM, con Maestría en Leyes por la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA. Ha sido un firme precursor del derecho a la información y la transparencia en México. Fue integrante y representante del grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión para la redacción de la primera ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 2000-2002. Profesor fundador de la primera cátedra de Derecho a la Información en México, en la Facultad de Derecho de la UNAM. 2002. Coordinador y editor del libro, la Transparencia en la Impartición de Justicia, obra que contiene los primeros estudios nacionales en materia de transparencia judicial, así como otros ensayos y artículos académicos en la materia (2004). Fue miembro del Consejo Directivo Internacional de artículo XIX, ONG dedicada a la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la transparencia, con sede en Londres, Inglaterra. Ha recibido diversas distinciones personales y de grupo, entre las que destacan el reconocimiento que le entregó el Congreso del Estado de Connecticut de los EUA (2003) y el pleno del IFAI (2012) por su contribución e impulso en la discusión (JORGE ISLAS L. “”Institucionalización de la transparencia y del derecho a saber de la información pública gubernamental en el país””). Fue Abogado General de la UNAM (2004-2008). Es analista y editorialista de El Universal, Noticieros Televisa y el Instituto Mexicano de la Radio. Coordinó y editó recientemente la publicación del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo: 500 años sobre la verdad efectiva del poder (2014). Traductor y editor al español del Dr. Giovanni Sartori. Actualmente es Profesor titular por oposición de Derecho Constitucional de la UNAM.

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