¡A cerrar expedientes!

Dos días antes de decretarse la ridícula condena contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, un legislador de Movimiento Ciudadano había acusado al gobierno de Veracruz que encabezaba éste de haber practicado 70 mil pruebas de detección de VIH sin equipos y sustancias correctas, por tanto falsas.

La propuesta hablaba de elevar el caso a la Corte Penal Internacional, acusando al exgobernador de delitos de lesa humanidad.

Aunque ni la Secretaría de Salud ni la Cofepris se atrevieron a descalificar o a corroborar una denuncia que hablaba de haberle dado a los niños enfermos de cáncer agua destilada en simulación de las medicinas no adquiridas, el hecho regresó a la memoria.

Nueve años de cárcel, de los cuales lleva uno y medio, con opción a rebajas vía argucias legales, y una multa de 58 mil 890 pesos al político estigmatizado como el adalid de la corrupción.

Y aunque la Procuraduría General de la República habla de que sigue la investigación tras el juicio de vía rápida y la supuesta falta de pruebas para otros delitos relacionados, como el de delincuencia organizada, no hay margen para otros juicios relacionados con la corrupción.

Se diría, pues, que la tarea, incluida la aceptación de culpas de Duarte, era cerrar el caso del escrutinio del nuevo gobierno, en un marco en que se habla de desvíos hacia la campaña presidencial de 2012.

Duarte pierde 41 propiedades que había puesto a su nombre… pero no se tocan las que hubieran sido endosadas a favor de prestanombres.

En la misma ruta, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aplacó momentáneamente los ánimos frente a la sensación de impunidad de cara a la llamada Estafa Maestra.

En su comparecencia ante el pleno del Senado, el funcionario habló de haberse recuperado 100 millones de pesos por parte de algunas empresas fantasma implicadas en la trama, fincándoles créditos fiscales por 5 mil millones a otras tantas.

El problema es que éstas no operaron por sí mismas; faltan los titiriteros que les abrieron la puerta para desviar recursos públicos, cuyo monto se calcula en 6 mil 500 millones.

En el marco, la Secretaría de la Función Pública agotó un procedimiento administrativo contra el director de Comunicación Social de las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, Gustavo Rodríguez González, que le condena al pago de una multa de 210.4 millones y lo inhabilita por 10 años para trabajar en el sector público.

Sin embargo, no hay luz de cara a las denuncias penales colocadas ante la PGR por la Auditoría Superior de la Federación.

Bajo la consigna de cerrar expedientes peligrosos, no sería extraño que en los próximos días finalmente se consignara el caso Odebrecht, reduciendo al mínimo los delitos para salir del paso.

La alternativa prevista originalmente para aplacar las olas era aceptar una oferta de pena pecuniaria de la constructora brasileña con varios ceros, aparentemente 500 millones de dólares, para limpiar su expediente y tener acceso a nuevos contratos.

La posibilidad se cayó ante la declaración tajante del nuevo gobierno de que no le daría pauta para participar en licitaciones públicas.
Carpetazos de fin de sexenio.

BALANCE GENERAL

Cerrada la puerta a un arreglo de último minuto por vía directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sólo un milagro podría permitir que se mantuviera la posibilidad trilateral para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La única alternativa para Canadá será adherirse al acuerdo comercial México-Estados Unidos en los términos pactados en el marco bilateral.

De hecho, se prevé que el Departamento de Comercio del vecino del norte dé a conocer el documento completo, incluida la letra chiquita, para ser signado por los presidentes de los dos países y enviarlo al Congreso.

No hay certeza si en acción espejo la Secretaría de Economía haría lo propio, ante una serie de dudas sobre el alcance real del tema automotriz, el mecanismo de solución de controversias que sustituiría al actual, y el marco para exportaciones de productos del campo.

REBELIÓN EMPRESARIAL

Cerrada la posibilidad de modificar la fórmula para el cálculo de las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial como lo pedía el Consejo Coordinador Empresarial, se está gestando una rebelión de las bases.

Algunas cámaras afiliadas a la Concamin ya hablan de promover amparos entre sus asociados.

Aunque el monto varía de acuerdo con los niveles de consumo, los incrementos de la Comisión Federal de Electricidad llegan a 80%, sin opción de revisión por parte de la empresa si no hay pago previo.

La Concanaco reclama que se apliquen las tarifas del año pasado.

MENOS REFRESCOS

De acuerdo con un análisis de la casa de bolsa de CitiBanamex, las principales fabricantes de bebidas en el país, FEMSA y Arca Continental, están multiplicando sus ventas de bebidas no carbonatadas en merma de los llamados refrescos.

Las primeras crecieron 4.1% en promedio en el último trimestre, y el salto de éstos fue inferior a un punto porcentual. El auge mayor está en la venta de agua embotellada.

ASAMBLEA FINANCIERA

Finalmente será el 16 de octubre, presumiblemente en Querétaro, la asamblea financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social en la que se discute el escenario planteado en el Informe al Ejecutivo y al Legislativo entregado a finales de junio.

El documento plantea retos y expectativas sobre la salud financiera del organismo, quien, por lo pronto, ya suspendió las reuniones de los diversos consejos en las que participaban los integrantes del Consejo Técnico.

CONTRATO LEY

Entre los gremios que aún rigen sus relaciones obrero-patronales sobre el marco de un contrato ley está la industria azucarera, la cual acaba de iniciar justo un proceso de revisión, bajo el arbitraje de la Secretaría del Trabajo.

El sector incluye a 56 ingenios azucareros, con dos sindicatos en la ruta, uno independiente y otro adherido a la Confederación de Trabajadores de México.

La revisión obedece a un nuevo escenario en el que la actividad se ha diversificado y tecnificado.

¿CÁRTEL?

En la presunción de actuar en forma concertada en las licitaciones, empresas rivales preparan una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica contra nuevas firmas del ramo de limpieza que han obtenido contratos públicos por mil 38 millones de pesos.

En la lista están MolNet, MICMAR, Tripallium Enterprises, Green Mamba, Gott und Glück, Administración Virtual del Servicio de Limpieza y Fireky, Corporativo Norsus e Ice Facility Management Services.

En las últimas semanas algunas de ellas han ganado licitaciones, ya de la Secretaría de Educación Pública y la de Comunicaciones y Transportes, además de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

albertobarrancochavarria0@gmail.com