Coahuila y su sistema anticorrupción

En poco más de tres lustros he visto cómo se desdibuja el tema, de ser un arma del pueblo a un escudo de poderosos. Cómo se organizó la transparencia para mutar de un espacio incluyente y de la sociedad a uno excluyente y de la burocracia especializada. Cómo se crearon organismos que resultaron insuficientes, por lo que se crearon organismos que, también, resultaron insuficientes, por lo que se crearán organismos… etcétera.

En 15 años he visto cómo la carrera se corrió para tener mejores leyes, descuidando lo que sucede una vez vigentes. Cómo algunas organizaciones autoproclamadas ciudadanas cambiaron el discurso de denuncia por el discurso de la justificación. Cómo la transparencia se anunció como “antídoto de la corrupción”, para luego ocupar un espacio más modesto como “inhibidor de la corrupción”, para luego tenerse que crear un sistema anticorrupción donde el tema original es una muy acotada pieza.

Y así como se sabe que no todo lo que brilla es oro, en este tiempo he constatado una y otra vez que no todo a lo que se le llama transparencia es intrínsecamente bueno o que todo lo que se dice ciudadano es esencialmente representativo de los intereses del colectivo.

A veces pienso en eso de las novelas de ficción y, luego, se me pasa. Con todo y en contra, la instrumentación del acceso a la información en poder de lo gubernamental (y otros temas relacionados) es, hoy por hoy, una veta que todavía puede dar mucho de sí.

En Coahuila, los aires del descanso vacacional apenas permiten centrar la atención en la conformación de lo que será un sistema estatal anticorrupción que, ya de origen, sufrió los intereses de los partidos políticos que llevan voz y los tiempos electorales. Esto si se considera como punto de referencia la agenda definida desde el centro y las voces (también desde el centro) que insisten en que veamos la paja en el ojo de los estados para olvidar el leño que hay en los ojos de lo federal.
Quienes no han quitado el dedo del renglón en lo local son las organizaciones de la llamada Alianza Anticorrupción.

En su más reciente manifiesto han destacado: la aprobación de la reforma en 15 días naturales en detrimento de una mayor participación ciudadana; el incumplimiento de los principios del llamado “parlamento abierto”; la incorporación de una de ocho propuestas específicas realizadas; la conservación de una estructura que no garantiza autonomía ni independencia y, como consecuencia, no abona en el éxito del sistema local.

Ellos, los de la Alianza, dicen reunir 109 organismos y colectivos de la sociedad civil. Quien quiera jugarle al abogado del diablo podrá cuestionar qué tan apegado es eso a la realidad: en una sociedad donde la organización se da en términos asistencialistas, no es raro encontrar a los mismos en muchas organizaciones. ¿Sucede esto aquí? Que lo investigue quien esté interesado.

Lo importante, desde esta lectura, es que se han mantenido observantes y constructivos.

Importa también que estas voces adelantan algo que tardaremos en reconocer: el modelo, como está planteado, multiplica lo complicado y divide la responsabilidad.

Y así como sucedió (sigue sucediendo) con la transparencia, en unos 15 años estaremos hablando de un nuevo sistema para hacer frente a un problema que apenas hemos podido medio abordar.

@victorspena