Contrarreforma educativa estatal demorada

En días pasados un diario de Saltillo publicó una nota cuya cabeza decía así: “Envía gobernador iniciativa. Va Coahuila por educación laica en escuelas privadas”. De inmediato se encendieron las alarmas. En el curso de ese día estuve recibiendo mensajes y telefonemas de aquí y de allá, en particular de amigos y correligionarios de la Ciudad de México.

La única explicación que acerté a dar, a quienes con evidente inquietud solicitaban información, fue que probablemente se trataba de la iniciativa “de cajón” para armonizar la legislación del estado con la contrarreforma educativa del actual grupo en el poder, promulgada 14 meses atrás.

Y en efecto así fue. Un día después de publicada esa alarmante nota periodística, el miércoles 22 de julio en sesión de periodo extraordinario convocado prácticamente sólo para tal efecto, por haber sido de hecho este asunto el más relevante de dicho miniperiodo, se recibió en el Congreso del Estado una iniciativa mediante la cual el gobernador propone una serie de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado en materia educativa, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila.

Conforme al proceso legislativo, dicha iniciativa se dio por recibida y fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen. Considero que debió haberse turnado también a la Comisión de Educación y ambas actuar en la modalidad de Comisiones Unidas. Es lo procedente.

¿De qué se trata? Como probablemente recuerde el lector, en mayo del año pasado, 2019, culminó el tortuoso proceso legislativo que echó abajo la reforma educativa aprobada por el Constituyente Permanente en 2013. Esta reforma incorporó al texto constitucional, es decir, al artículo 3 de la Carta Magna, el compromiso del Estado mexicano de “garantizar la calidad de la educación obligatoria”. Al efecto, la fracción IX de dicho artículo establecía: “Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa”, binomio calidad-evaluación que tiró a la basura el actual gobierno para cumplir compromisos de campaña con la caterva de sinvergüenzas que tiene secuestrada a la educación pública del País.

Y sólo para que no se olvide, en su iniciativa el presidente López Obrador propuso derogar la fracción VII del artículo 3 constitucional. Es la porción constitucional que establece la autonomía universitaria y la libertad de cátedra en las universidades públicas.

De inmediato lo notaron entonces los diputados federales panistas y también de inmediato se produjo una generalizada reacción de protesta. El gobierno morenista alegó que tal propuesta de derogar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra obedeció a un “error de captura”. Nadie por supuesto lo creyó, pero sí enseñó la mentalidad totalitaria del actual Presidente, por si alguien lo dudara.

Con la reforma de Morena al artículo 3 constitucional de mayo de 2019, prácticamente se sometió este a una cirugía mayor. Fueron escasos los pasajes de su texto anterior que quedaron vivos. Pero además fueron necesarios 18 artículos transitorios para desmantelar el previo sistema de calidad-evaluación educativa que Morena echó por la borda, y el nuevo que creó para sustituirlo. Sólo para que se tenga una idea de uno y otros, el texto del nuevo artículo 3 comprende 2 mil 221 palabras y los 18 artículos transitorios mil 889.

Por cierto, el Octavo Transitorio reza: “Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán un plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia, conforme a este Decreto”.

Es exactamente el objeto que persigue la iniciativa del gobernador, presentada –como se ve— con más de dos meses de retraso, y a la cual me he referido. Y a la que me seguiré refiriendo en siguientes entregas.