El 911, saturado de llamadas improcedentes

Actuar severamente contra quienes realizan llamadas falsas o de broma a los sistemas de emergencia, es casi imposible. Se trata de un ilícito tan común como difícil de consignar. Uno de los motivos es que el 60% de las llamadas que movilizan en vano a policías, bomberos, ambulancias y demás corporaciones de asistencia, se realizan desde teléfonos públicos y, en no pocos casos, por menores de edad, aunque también se sabe que muchas llamadas apócrifas se realizan con la intención de distraer a los cuerpos de seguridad mientras se cometen otros ilícitos. Lo peor es que esas prácticas no sólo ocasionan pérdidas de tiempo y recursos por el traslado de las unidades, sino que ponen en mayor riesgo a ciudadanos que sí necesitan el servicio y no reciben una pronta respuesta.

En Coahuila, se estima que un 85% de las llamadas que se reciben en el 911 son de broma o resultan en falsas alarmas. La cifra en la entidad está por debajo de la media nacional, que es de 88%. En el caso articular de Torreón, históricamente el porcentaje de llamadas falsas o de broma ha sido del 70%. Todo ello, a pesar de que el número nacional de emergencias 911 se incorporó con controles supuestamente más estrictos en toda la república, a tal grado que mucho antes de que una operadora tome la llamada, el ciudadano debe esperar con el teléfono en mano, en medio de la angustia y la emergencia, escuchando grabaciones que le advierten sobre las consecuencias penales que podrían pesar sobre él si el uso que está haciendo de la línea es inapropiado.

El punto es que el uso inapropiado es la constante... y las consecuencias penales son una quimera, aunque hay qué decir que en los últimos años, la incidencia de llamadas falsas ha ido a la baja. Según la información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 se recibieron en todo el país 122.1 millones de llamadas; en 2017, 112.4 millones; y, en 2018, 95 millones. En orden cronológico, si bien hubo una disminución, las llamadas improcedentes siguen barriendo a las reales: 89.6% de llamadas falsas en 2016, 87.6% en 2017 y 83% el año pasado. O, si se quiere ver de otra manera: el porcentaje de llamadas reales en 2016 fue de apenas el 10.4% de todas las recibidas; en 2017 fue el 12.4% y el año pasado el 17%.

Del total de llamadas improcedentes del año pasado, el 39.6% correspondió a llamadas “mudas”, pues se estableció la conexión pero nadie habló del otro lado de la línea; el 20.3% correspondió a llamadas de broma hechas por niños; el 18.7% a llamadas incompletas; el 15.8% a llamadas que no ameritaron el envío de ninguna corporación; el 2.8% a bromas de jóvenes o adultos y un 0.73% fueron llamadas obscenas o de insultos.

El mal uso de la línea, pues, es más que evidente. La Ciudad de México, por ejemplo, establece en su Código Penal sanciones de 3 meses a 2 años de cárcel o multas de entre 806 y 8,060 pesos a quienes bromeen con el 911 o distraigan a las corporaciones con falsas alarmas. Sin embargo, las carpetas iniciadas son mínimas. Lo mismo ocurre en el resto del país.

En Coahuila, tras el caso del estudiante de Comunicación, Enrique Sánchez, a quien la Universidad Autónoma de Coahuila suspendió durante un año luego de publicar en Facebook que debido a que reprobó varias materias iba a perpetrar una balacera en la Facultad (lo que provocó la activación de los protocolos de emergencias), se reabrió el debate sobre la necesidad de incorporar en el Código Penal un castigo a quienes difundan amenazas o reportes falsos que provoquen que las autoridades se desplieguen en vano.

Se trata de una situación difícil de regular y, justamente por ello, requiere mecanismos realistas y efectivos. Una propuesta es que el ciudadano absorba el costo de los insumos gastados en la movilización, principalmente el combustible de las unidades; el problema es, de nuevo, que muchos responsables de las llamadas improcedentes ni siquiera se logran ubicar. En este caso, como en muchos otros asuntos públicos, nunca habrá mejores armas que la educación, el sentido común, la empatía y el respeto. Lamentablemente, ahora mismo no se puede apelar a nuestra frágil civilidad, ni siquiera en temas tan sensibles como la seguridad pública.

En 2018, Coahuila se ubicó como la onceava entidad federativa con mayor número de reportes al 911 con 2 millones 131 mil 96 llamadas. ¿Habrá capacidad de actuar sobre todos los que hacen mal uso de la línea?