El sector privado y los derechos humanos

Politicón
/ 8 septiembre 2019

“Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad”.

Nelson Mandela.

El sector privado y los derechos humanos es uno de los temas que se abordaron dentro de uno de los ejes propuestos en los foros de consulta pública que se realizaron en el estado para la conformación del Programa Estatal de Derechos Humanos para Coahuila de Zaragoza 2019-2022, que el gobierno de Coahuila promoverá durante su gestión.

Paralelamente, el Gobierno de la República a través del Programa Nacional de Derechos Humanos se ha planteado elaborar un Programa de Derechos Humanos y Empresas, el cual ha sido sometido a un proceso de consultas a diversos sectores, tales autoridades como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, academia, empresas, sindicatos, organismos internacionales, etc., para identificar y consensuar los temas y acciones que deben de incluir dentro de este programa.

Esto nos permite determinar, entonces, que tanto a nivel nacional como local existe la preocupación y el interés total de que las empresas comiencen a cumplir y se responsabilicen en materia de derechos humanos.

A nivel internacional, por su parte, como antecedente importante en materia de empresas y derechos humanos podemos señalar la creación de los principios rectores de proteger, respetar y remediar, surgidos el 6 de junio de 2011 y adoptados dentro de la Resolución 17/4: “Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, que emitió el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Estos principios han servido como marco mundial con legitimidad en toda la actividad empresarial en lo que se refiere a derechos humanos.

Por su parte, a nivel nación, un dato que ha permitido identificar una serie de problemáticas sobre los derechos humanos en las empresas ha sido a través de algunas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativas a las condiciones inadecuadas que existen en los centros de trabajo, tanto de seguridad como de higiene, violaciones a los mínimos derechos laborales regulados en la ley, la falta de programas de capacitación para reducir los riegos de accidentes de trabajo, entre otros.

De esta forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos analizó 65 recomendaciones emitidas de 1990 a 2018, y detectó que en el 72 por ciento de los casos las violaciones a derechos humanos se cometieron por empresas. De igual forma, en 2019 se hizo pública la Recomendación General 37/2019 dictada por la misma institución en la que se establece el deber de las empresas de respetar los derechos humanos, tanto al interior y al exterior de estas organizaciones, así como la necesidad de contar con políticas públicas a corto plazo. Este indudablemente es un precedente muy importante en México en materia de sector privado.

De lo anterior, por tanto, se desprende que el Estado mexicano tiene un gran reto sobre el tema dirigido al hecho de que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Pero, ¿cómo se puede lograr esto?

La solución sólo será posible involucrándolas, instruyéndolas y sobre todo sensibilizándolas para que acojan, apliquen y respeten estos derechos al interior y al exterior de estas organizaciones.

Por un lado, urge una agenda de trabajo con el sector empresarial a fin de promover la formación y capacitación de las personas empresarias, para que conozcan las acciones que deben de emprender para prevenir toda clase de vulneraciones a sus trabajadores y, en su caso, repararles los daños sufridos.

Por otra parte, se necesita el asesoramiento por parte de las instituciones públicas a las empresas sobre la observancia de los derechos humanos a través de programas, lo que resultaría provechoso y facilitaría el intercambio de mejores prácticas. Estos programas de capacitación enseñarían el cómo abordar cuestiones de género, vulnerabilidad y/o marginación, personas con discapacidad, trabajadores migrantes, niñas y niños, etc.

En conclusión, todo el sector privado debe pensar en la implementación de políticas públicas que sirvan para consolidar la cultura de respeto de los derechos humanos tanto al interior como al exterior. Las empresas, entonces, deben de asumir un compromiso serio con los derechos humanos, así como tener una responsabilidad social y ética.

La autora es visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

gabynoguez@hotmail.com

@puzzlie41

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH Derechos Humanos S. XXI

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