Investigar la corrupción con ánimo de (no) castigarla

Si algo tenemos claro los mexicanos es que históricamente en nuestro país se han realizado innumerables “esfuerzos” por combatir la corrupción que han tenido todos la misma intención: dar solamente la impresión de que existe convicción por erradicarla, pero sin demostrarlo con hechos.

La mejor prueba de ello es que la inmensa mayoría de las denuncias que se hacen públicas, o de los señalamientos que se realizan en contra de individuos que forman parte del círculo del poder permanecen impunes, a pesar de que, al menos desde la perspectiva ciudadana, los ilícitos cometidos son evidentes.

En particular, causan indignación los casos de enriquecimiento “inexplicable” –que en realidad es “muy explicable”– de individuos que antes de llegar al poder tenían una vida modesta pero tras ingresar a la nómina pública sufren repentinos “ataques de prosperidad”.

En este tipo de casos, los ciudadanos que han sido testigos del estilo de vida que adquieren quienes se convierten en funcionarios de alto nivel tienen muy claro que este no puede entenderse a partir de los ingresos “oficiales” que reportan y de ahí la convicción de que la única explicación posible es la corrupción.

Sin embargo, una vez que surgen los escándalos y las denuncias comienzan a operar las redes de protección que garantizan la impunidad y eso impide que se investigue adecuadamente y, por ende, se castiguen los actos indebidos que implican construir fortunas privadas a partir de recursos públicos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la forma en la cual la extinta Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) “investigó” los indicios de enriquecimiento ilícito, que conoció, en el entorno del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.

La investigación revela cómo, pese a contarse con información proporcionada por el Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades responsables de la PGR, entre 2011 y 2012, decidieron realizar una investigación sólo “por encimita”, es decir, sin profundizar lo necesario para averiguar si realmente había un caso de corrupción por documentar.

¿Por qué se limitó la investigación a cotejar ingresos “formales” y cuentas bancarias declaradas por el exmandatario y uno de sus colaboradores más conspicuos, Vicente Cháires? ¿Por qué no se siguió, como ordenan los cánones, “el camino del dinero” para tener claro si detrás de los nombres visibles existía una red de complicidad para blanquear dinero ilícito?

Las preguntas, pese a la distancia temporal, siguen demandando respuesta porque forman parte de los esquemas de corrupción que aún hoy, con todo y el arranque de un nuevo gobierno que ha ofrecido desterrar la corrupción, continúan operando.

Y mientras sigan operando estos esquemas, las “investigaciones” que se abran para teóricamente combatir la corrupción seguirán siendo lo que hasta ahora: tan sólo intentos de “probar” en público una vocación que, en los hechos, es absolutamente inexistente.