La administración de justicia y el COVID-19

Es difícil imaginar la cantidad de decisiones y la velocidad con la que las autoridades, en todos los niveles de gobierno, han tenido que tomar y ejecutar para transitar en medio de la pandemia provocada por el coronavirus y su consecuente COVID-19. Este reto se agrava, además, por el desconocimiento de cómo evolucionará este fenómeno de magnitud inimaginable en el tiempo.

Entre todos los temas complejos se encuentra el cierre de los Tribunales y en consecuencia la suspensión de las tareas de administración de justicia, salvo aquellos juzgados que por su mandamiento constitucional deben prevalecer en funciones ininterrumpidamente. ¿Debemos considerar a la administración de justicia, en todas sus ramas y materias, una actividad esencial de la función del Estado y del gobierno?

Desde luego que sí.

La tarea diaria de los Tribunales resulta poco visible en la dinámica mediática exceptuando aquellos asuntos que por su naturaleza atraen el interés social ya sea por involucrar a algún personaje público, poderoso o porque involucra actos que provocan una gran indignación por su naturaleza o por quienes resultan víctimas de éstos. Sin embargo la vida de los Tribunales es muy compleja. Invito al lector a imaginar lo que significa. En números redondos sólo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, uno de los más grandes del mundo, recibe diariamente alrededor de mil demandas y emite todos los días un número similar de sentencias y adicionalmente publica 13 mil acuerdos procesales diariamente. Cada una de estas resoluciones tienen un impacto directo en el patrimonio de las personas, en la vida de las familias, de los menores de edad, en este cúmulo de resoluciones se impacta la vida económica de las empresas, las grandes, las medianas y las micro empresas, impacta en la vida de jóvenes que se encuentran en procesos judiciales que determinarán su futuro inmediato, en la recuperación del patrimonio de toda una vida, en la determinación de la patria potestad de una persona sobre un menor, en la libertad o la pérdida de ésta, en fin todas y cada una de estas resoluciones da solución pacífica y legal a las miles de controversias que se generan en la convivencia humana en lo cotidiano y no pueden esperan. Sin lugar a dudas, este fenómeno de salud pública que estamos viviendo traerá muchos y nuevos conflictos en todos los órdenes y será en los Tribunales donde deberán resolverse, es decir el imperio del derecho cobrará fuerza para mantener la paz social.

El problema que enfrentarán los Tribunales y los Consejos de la Judicatura es enorme. La atención de este reto involucra a todos, jueces, equipos de secretarios, notificadores, actuarios y desde luego el foro de litigantes quién deberá asumir una nueva visión del litigio y actuar en consecuencia con ética y responsabilidad social. De igual manera que nos preocupa la reactivación económica debe preocuparnos la reactivación de nuestros órganos de administración de justicia para no vivir espacios y tiempos de rezago que como todos sabemos hace de la justicia más que una esperanza, un derecho exigible. Mi mayor consideración a quienes tienen ahora esta enorme responsabilidad, sin duda están a la altura del reto que significa para todos todas hacer efectivo en lo cotidiano, en lo individual y por lo tanto en lo social la vigencia de Estado de Derecho en nuestro País.

Apostemos todos a la fuerza de la razón y no a la razón de la fuerza.