‘Megafraude’: ¿se lo toma en serio el Poder Judicial?

“El Consejo de la Judicatura, todas las personas que lo integran, está empeñado en que el procedimiento concluya. Que se lleve conforme a derecho y que se sancione a los responsables, de comprobarse su participación, porque en esto debe prevalecer el principio de (presunción de) inocencia también”.

La frase anterior corresponde a declaraciones realizadas ayer por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, en relación con el procedimiento que dicho órgano ha iniciado en contra de 18 funcionarios judiciales de la entidad por el caso del denominado “megafraude” cometido en presunto contubernio con funcionarios del Infonavit.

Como lo ha publicado VANGUARDIA, unos 100 mil casos de créditos que habrían caído en cartera vencida fueron tramitados en juzgados de nuestra entidad a través de un procedimiento de juicios masivos, pero la inmensa mayoría de ellos correspondería a casas que no fueron construidas en el territorio estatal.

De esta forma, los acreditados del Infonavit habrían sido dejados en estado de indefensión, pues quienes adquirieron una casa que se construyó, por ejemplo, en el estado de Baja California o la Ciudad de México, no pudieron enterarse de que se les había iniciado un juicio hipotecario.

La actual administración del Infonavit ha revelado que, a través de los procedimientos seguidos en juzgados de Torreón, Sabinas y Parras de la Fuente, Coahuila se habría convertido en el “campeón” de estos procedimientos, pues del total de juicios irregulares detectados en el País, el 38 por ciento se realizaron en nuestra entidad.

Pese a ello, el Poder Judicial, de acuerdo con la información que se ha proporcionado, sólo ha decidido iniciar un procedimiento de carácter administrativo en contra de los funcionarios presuntamente involucrados en los hechos irregulares.

En otras palabras, aunque se afirma que quienes integran el Consejo de la Judicatura Estatal se encuentran “empeñados” en esclarecer los hechos, hasta ahora no han considerado que los mismos pudieran ser constitutivos de delito y, por tal razón, no han procedido a interponer denuncias penales.

La pregunta resulta obligada: ¿acaso los jueces y secretarios de estudio y cuenta no recibirían ningún beneficio por prestarse a la manipulación del aparato de justicia mediante los citados “juicios masivos”?

En otras palabras: tramitar decenas de miles de juicios hipotecarios, respecto de viviendas construidas en otras entidades del País, ¿no se considera un hecho que hace presumir la existencia de un acto de corrupción y, por ende, dicha conducta podría encuadrar en alguno de los tipos penales que establece la legislación estatal?

El planteamiento del Poder Judicial, en el sentido de que está obligado a guardar sigilo durante el procedimiento, así como a respetar el principio de presunción de inocencia, suena más a excusa y opacidad que a garantía de respeto al orden legal.

Valdría la pena que esta actitud cambiara porque, conforme pasa el tiempo y se acumulan las declaraciones vagas, la sospecha crece.