Tapar el exterminio con un dedo

El gobierno de Coahuila está insatisfecho con la difusión renovada de un campo de exterminio –como lo definieron los peritos forenses de la PGR- en Patrocinio, un ejido en San Pedro de las Colonias, a unos 80 kilómetros de Torreón, que tiene una herida de más de un kilómetro de extensión que es la fosa clandestina más grande jamás descubierta en México. En voz del encargado del despacho de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas de la procuraduría estatal, José Ángel Herrera Cepeda, una carta aclaratoria -que fue enviada a este espacio de parte del gobierno de Rubén Moreira- habla mucho de sus deficiencias y omisiones, y poco de lo que quiere defender: que ese campo de la muerte en la Comarca Lagunera, ha sido tratado con negligencia.

Herrera Cepeda afirmó: “La Subprocuraduría de Personas Desaparecidas ha realizado seis operativos en dicho ejido, y prueba de ello es que se han revisado varios puntos georeferenciados  y en la inspección en ninguna acta ministerial se da fe de la existencia de una grieta que se encuentra encallada en la tierra, lo cierto es la existencia de un canal de riego mismo que es utilizado por ejidatarios para abastecer parcelas que forman parte del mismo ejido; por ello existe fractura de la tierra”.

Muy bien. Herida o fractura dice que no hay, como si quisiera sugerir que no hubo ninguna excavación de mil 500 metros de largo por 80 de ancho que fuera cavado exprofeso para ser utilizado como fosa clandestina. Es un canal de riego donde, “jamás se ha encontrado un cuerpo humano”. En el reportaje publicado por Eje Central el jueves pasado, referido el lunes en este espacio, nunca se habló de ningún cuerpo humano, sino de restos de cuerpos humanos. “Desde hace más de un año –se apunto-, (la fosa) ha ido vomitando restos de cuerpos humanos, 341 el año pasado y tres mil 147 en lo que va de este”.

Desde el principio de su la réplica, Herrera Cepeda entró en contradicciones. En el primer párrafo de su carta aclaratoria el subprocurador interino señaló: “En las búsquedas y operativos que se han efectuado no se ha encontrado evidencia biológica de ningún tipo que refiera que éste fuera utilizado en su momento como punto para ocultamiento de restos”. En el segundo párrafo, sin embargo, admite que durante los operativos realizados “se han logrado asegurar diversos indicios, entre ellos, tres secuencias anatómicas incompletas, fragmentos óseos, prendas de vestir, material balístico, entre otros”. ¿Entonces? ¿A quién creerle? ¿Al funcionario que escribió el primer párrafo o al que escribió el segundo? Su inicio de réplica es un galimatías.

Hay que creerle al segundo, porque más adelante reconoce que derivado de los operativos, se lograron “recuperar y embalar 3488 fragmentos de restos óseos, mismos que con su debida cadena de custodia fueron recolectados por peritos especializados de la Policía Federal Científica y enviados al laboratorio de la Comisión Nacional de Seguridad Pública para la obtención de perfiles genéticos”. Herrera Cepeda rechazó que haya habido negligencia o que se hayan suspendidos los trabajos que, confirmó, han realizado en coordinación con el Grupo Vida, que fue quien les llamó la atención de la fosa en abril de 2015.

El reportaje cita –recogido por este espacio el lunes-, a Silvia Ortiz, una de las líderes del Grupo Vida, que condujo a los periodistas de Eje Central por la fosa clandestina, quienes olían aún el diésel que se utilizó para incinerar los cuerpos, y con cuidado de no pisar restos humanos, que encontraron por todos lados. “Aquí inicia”, dijo Ortiz, “pero no hay una entrada, no hay un acordonamiento, es campo abierto. Quizá dicen que es el inicio porque un montón de zapatos en descomposición dan los primeros indicios, luego la ropa y más zapatos. Hay que mirar con cuidado, hay que pisar con cuidado”.

Aún así, Herrera Cepeda afirmó que no hay abandono institucional. En su recorrido por el campo de exterminio en que se convirtió ese canal de riego, habilitado como fosa clandestina, los periodistas de Eje Central corroboraron lo contrario, el abandono institucional. Ningún acordonamiento del área, ninguna presencia de ninguna autoridad, ningún señalamiento de que se trabajara en Patrocinio para, como subrayó el subprocurador interino, “dar una respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad, en ese sentido,  procurar justicia y encausar a los responsables de estos actos”.

La realidad es que no han hecho nada más allá que realizar los operativos, realizar peritajes que no han conducido a nada, y permanecer a la espera de que se logre un perfil genético, difícil, admitió Herrera Cepeda, “por su grado de complejidad, degradación y carbonización”. O sea, se lavaron las manos y hasta la publicación del campo de exterminio la semana pasada, se acordaron que tenían un pendiente en la Comarca Lagunera y cuentas qué saldar con la sociedad. También cayeron en la misma cuenta las autoridades federales.

Tras la publicación, funcionarios de la PGR informaron que personal de las subprocuradurías de Derechos Humanos y de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, viajarían junto con un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro de unas dos semanas al ejido donde se dio esta tragedia mexicana. La Procuraduría de Coahuila, en cambio, siguió pasiva, salvo por la réplica que envió a la prensa para cubrir su negligencia. Pero tapar el exterminio de Patrocinio con un dedo no será posible. Ni ahora, ni nunca.

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