Proteger a las infancias de Coahuila: una asignatura urgente

Entre las múltiples conducta que las sociedades democráticas hemos definido como delitos, las ofensas de carácter sexual ocupan un lugar particular porque la agresión implica vulnerar la intimidad de las personas. Este tipo de agresiones deja secuelas físicas, pero también emocionales de larga duración.

Pero si las agresiones sexuales resultan particularmente condenables en el universo de las conducta delictivas, las perpetradas en contra de niñas y niños constituyen la peor de todas las realidades. Por ello, el castigo para tales hechos, pero sobre todo la prevención de los ataques, debe ser una prioridad para todos.

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Difícilmente, sin embargo, vamos a convertir en prioridad una asignatura si no nos ocupamos de monitorear de forma cercana las variables relacionadas con tal conducta. Hacer esto no es solamente una obligación de las autoridades sino de todos los integrantes de la comunidad.

En este contexto, el “Informe Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Escenario Actual y Perspectivas a Futuro (Informe de Infancias y Adolescencias)” debe ser atendido con atención y, sobre todo, con preocupación.

De acuerdo con el documento, cuya versión ejecutiva fue presentada ayer en Torreón, niñas, niños y adolescentes de Coahuila enfrentan un creciente riesgo de ser víctimas de delitos de alto impacto y, en particular, de agresiones que forman parte del catálogo de delitos sexuales.

Las cifras de incidencia delictiva en la entidad indican que la violación equiparada, en personas menores de 15 años, y el abuso sexual, registran una preocupante tendencia a la alza desde el año 2020.

En el primer caso, por ejemplo, los juzgados penales de Coahuila emitieron 15 sentencias en el año 2017, pero para el 2021 la cifra se incrementó a 53. En materia de abuso sexual, la cifra pasó de cuatro casos en 2017, a 63 cuatro años después.

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“Habiendo terminado este trabajo, que nos llevó más de dos años, nos queda la impresión de que hemos fallado a las infancias: el Estado, medios masivos de comunicación, la sociedad civil organizada y no organizada, sector privado, iglesias, feministas...”, refiere el prólogo del documento elaborado por los activistas Ariadne Lamont Martínez y Jairo Edgardo Torres.

A partir de tales datos, la conclusión no podría ser otra que la señalada en el mismo documento: “se apunta como prioritario reforzar las políticas y acciones para garantizar la erradicación de estos sucesos y, en caso de ocurrencia, obtener procesos justos y equitativos”.

El llamado a la acción es urgente y no admite demoras. Proteger a la niñez y a los adolescentes de nuestra comunidad no es una tarea que puede ser dejada para después. Un solo caso de agresión sexual en contra de los integrantes más indefensos de la sociedad es demasiado.

Cabría esperar por ello, frente a la evidencia expuesta, que todos nos sintamos convocados, con urgencia, a contribuir en la medida de nuestras responsabilidades a impedir que esta estadística siga avanzando.