¿Quiénes van a la cárcel? Presumir justicia mandando a los más vulnerables a prisión

El día de mañana, 1 de septiembre, entrarán en funciones las personas que resultaron vencedoras en la pasada elección para cargos del Poder Judicial federal. A propósito de eso, es importante recordar que entre las razones del discurso político para impulsar la remoción de las personas juzgadoras, así como la posterior elección para ocupar los cargos judiciales que quedarían vacantes, se encuentra la alusión a contextos de corrupción que, entre otras consecuencias, generaban que las y los juzgadores liberaran criminales.

Más allá de entrar en la discusión sobre la legitimidad de la elección judicial, este puede ser un buen momento para cuestionarnos y reflexionar con sinceridad sobre qué personas son las que terminan ingresando a las cárceles, ya sea por la imposición de una pena de prisión o de alguna medida como la prisión preventiva. Es cierto que la cárcel no es sinónimo de justicia, y se podría discutir ampliamente sobre ese tema, pero incluso concediendo que algo de justicia haya en castigar con prisión a una persona o grupo de personas que cometieron delitos, tendríamos que preguntarnos sobre en qué personas recae esa medida privativa de la libertad.

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El artículo 21 constitucional, en el párrafo tercero, es muy claro al establecer que la imposición de las penas es una facultad exclusiva del Poder Judicial. En ese sentido, los poderes judiciales –locales o federales– tienen una tarea trascendental: decidir sobre la libertad y otros bienes jurídicos de las personas. De hecho, tal atención se le ha dado a los poderes judiciales que, ubicándonos específicamente en Coahuila, fueron los trabajadores del Poder Judicial o aspirantes a jueces quienes –en su momento– recibieron una mayor preparación y capacitación para su desempeño en el –entonces nuevo– sistema penal acusatorio.

Si tuviéramos que ubicar en orden de atención y esfuerzos de capacitación para el personal de cara a su participación en los mal llamados juicios orales, podríamos decir que en Coahuila, entre los años 2012 y 2013, quienes aspiraban a cargos de jueces se les permitió atender de lleno las capacitaciones –en horario laboral– y, en algunos casos, con la posibilidad de que otras personas suplieran su encargo durante ese periodo; por su parte, defensores y agentes del Ministerio Público tenían que combinar horario laboral con el horario necesario para capacitarse; las y los abogados particulares reclamaban espacios para ser capacitados; y de la policía –la que iba a ser científica– no tengo registro en la memoria o vivencia cercana sobre cómo fue capacitada, aunque confío en que hubo esfuerzos para que fuera preparada de forma seria.

¿Qué tiene que ver todo lo dicho con la pregunta sobre las personas que van a la cárcel? Pues que, en primer lugar, y bajo la lectura del precepto constitucional antes señalado, pareciera que son las y los jueces quienes deciden directamente quiénes van o no a la cárcel. Sin embargo, con una mirada más atenta nos podemos percatar que las y los jueces sólo deciden sobre los casos que les son puestos a su consideración, no actúan de oficio, terminan seleccionando sólo algunos casos de los que son judicializados para imponer penas de prisión mediante sentencias condenatorias y, de manera frecuente, resuelven sobre encarcelamientos a través de la prisión preventiva oficiosa o justificada. Al final del día, son la policía y los agentes del Ministerio Público quienes deciden, de entre un numeroso grupo de casos, a las personas que serán llevadas ante jueces y juezas para que se resuelva su situación jurídica.

Para ponerlo en perspectiva y siguiendo datos de la Envipe, en el año 2023 no se denunciaron o no se abrió carpeta de investigación en el 92.9 por ciento del total de delitos cometidos. ¿A la cárcel van las personas que cometen delitos? La respuesta es no, muchos ni siquiera se denuncian. Pero incluso tomando como referencia los que sí son denunciados, podemos percatarnos de que los que sí se denuncian no todos conllevan una carpeta de investigación, y de los que sí hay carpeta de investigación algunos se quedan en el camino por falta de pruebas, otros no se judicializan y de los judicializados no todos son acreedores de una medida de encarcelamiento.

De acuerdo con el contexto descrito en lo general, hay que retomar la pregunta: ¿quiénes van a la cárcel? La respuesta es: las personas vulnerables. Vulnerables porque cometieron un delito que es de más fácil investigación y recolección de información probatoria que otros, vulnerables porque no cuentan con los medios económicos para contratar una defensa que pueda dedicarle suficiente tiempo a la construcción de una estrategia eficaz, o vulnerables porque habiendo detentado poder en el pasado, los cambios políticos los coloquen ahora en una situación de descobijo, susceptibles de pagar los costos políticos de gestiones anteriores.

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¿Qué tiene que ver todo esto con los señalamientos sobre la reforma judicial? Es un intento de hacer manifiesta la esperanza de que las personas juzgadoras entiendan que su papel no es la de encarcelar personas para decir luego que se hace justicia, sino que debe de quedar claro que los esfuerzos de justicia están en otras latitudes, en los recursos destinados para la prevención de delitos, por mencionar un ejemplo. En ese orden, la labor de las y los juzgadores es que no se utilicen los discursos de cero impunidad para volver más vulnerables a los vulnerables, al mandarlos a prisión con el objetivo de satisfacer discursos políticos.

La búsqueda de justicia no puede reducirse a un tema de buenos y malos, ya sean jueces, fiscales o defensores, sino que nos obliga a entender el funcionamiento del sistema penal para reordenar nuestros objetivos y prioridades. Al final, encarcelar a unos cuantos y sin observar adecuadamente sus derechos como personas imputadas, se asemeja a esconder la tierra bajo la alfombra y luego presumir limpieza.

El autor es Profesor de la Licenciatura en Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH