Reforma al Poder Judicial: ¿Qué propone la iniciativa y cómo afectará o beneficiará a México?

Opinión
/ 8 julio 2024

Un ejercicio demoscópico de Enkoll, De las Heras y la Comisión de Encuestas de Morena reveló que 80 por ciento de los encuestados considera que debe haber una reforma al Poder Judicial; 75 por ciento cree que ministros, magistrados y jueces deben ser elegidos por ciudadanos; 87 por ciento está de acuerdo con la creación de un órgano independiente encargado de vigilar, investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces.

Informar para reformar. Los sondeos también evidenciaron que 50 por ciento de las personas no estaban enteradas de la iniciativa que reforma el Poder Judicial. Para que la vida pública sea cada vez más pública −como dice con regularidad el presidente López Obrador desde su conferencia− y para el debate cotidiano de los asuntos públicos, aquí algunos datos relevantes:

¿Qué se propone? Modificar artículos de la Constitución en materia de justicia federal con el objeto de reconfigurar el sistema judicial mexicano. Plantea que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito, jueces de distrito y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos por voto popular. Garantiza el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita. Sustituye el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos órganos técnicos e independientes para vigilar el desempeño judicial.

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¿Cómo sería la elección? Primero, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial proponen candidaturas de manera igualitaria y paritaria. Posteriormente, el Senado verifica que las candidaturas propuestas cumplan con los requisitos de ley. Luego el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza la primera elección en 2025, computa los votos y anuncia los resultados. El sufragio de la ciudadanía será directo, libre y secreto.

Para las campañas no se permitirá el financiamiento público o privado, pero habrá tiempo de radio y televisión para difundir propuestas y se promoverán foros de debate. Además, los partidos políticos no podrán intervenir ni realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.

Instaurar el voto popular para elegir ministros, magistrados y jueces contribuye a modernizar y fortalecer el Estado democrático. Ayuda a dar legitimidad a los impartidores de justicia y a reducir el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Julio Ríos, llega hasta 80 por ciento.

¿Vigilar y castigar a la autoridad? Sí, la iniciativa propone sustituir el CJF por dos órganos técnicos y autónomos que supervisen el desempeño de las autoridades judiciales. Con esta medida se apuesta por combatir la corrupción, la opacidad, el nepotismo y la negligencia en la administración e impartición de justicia.

El Tribunal de Disciplina Judicial investigará y sancionará violaciones a la ley. Las sanciones podrán ser amonestación, multa, suspensión o destitución. Se podrá dar vista al Ministerio Público o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión. Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante este Tribunal hechos que pudieran constituir delito o falta cometida por algún miembro del Poder Judicial.

El Órgano de Administración Judicial velará las funciones administrativas, la elaboración de presupuesto para el Poder Judicial y la carrera judicial. Tendrá a su cargo el ingreso, formación, promoción y evaluación del desempeño del personal. Será integrado por cinco personas elegidas para un periodo de 6 años por los Poderes de la Unión.

¿Cambios en la SCJN? Se reduce la conformación de la Corte, al pasar de once a nueve ministros. La remuneración de ministros no podrá ser superior a la establecida para el Presidente de la República. No habrá pensión vitalicia para ministros y su periodo en el cargo pasa de quince a doce años. Se eliminan las dos Salas, la Corte sesionará en Pleno y toda sesión deberá ser pública.

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¿Justicia expedita? La iniciativa dicta un plazo máximo de seis meses para resolver asuntos fiscales y un año para asuntos penales. De no cumplirse el término, el Tribunal de Disciplina Judicial investigará y sancionará la demora.

Concluyo con más preguntas: ¿Quién se opone a mejorar el Poder Judicial? ¿Quién pierde privilegios con la reforma? ¿Por qué creen algunos tener el monopolio del derecho y la justicia? ¿Quién considera al pueblo ignorante para conocer del tema? ¿El Poder Judicial regula al Ejecutivo y Legislativo, o la Constitución a los tres Poderes de la Unión? ¿Quién es el Soberano? ¿Quién manda aquí?

X: @JuanDavilaMx

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