Retirar recursos de una obra es un agravio para Coahuila

“Al respecto (las obras de ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas), le comunico que el recurso autorizado será transferido a Obras del Bienestar, dada la importancia de la modernización de las mismas y la importancia de la priorización de éstas para su continuidad y pronta conclusión”.

El párrafo anterior corresponde a un oficio firmado por Jesús Felipe Verdugo López, quien funge como director general de Carreteras en la Secretaría de Infraestructura, comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.

El documento citado le fue remitido al titular de la dependencia en Coahuila, Juan Pablo Martín del Campo, como respuesta a una solicitud de información sobre los recursos aprobados para la obra en mención.

Conviene, antes de caracterizar el hecho, ofrecer algunos datos más de contexto: en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se etiquetaron
100 millones de pesos para concluir la modernización de un tramo de la citada carretera, ubicado en Coahuila.

En otras palabras, la asignación presupuestal corresponde a la etapa final de un proceso que implica la elaboración de estudios, proyectos, planos, cotizaciones y análisis para determinar que la obra a la cual se le otorga suficiencia presupuestal es una acción prioritaria.

Por ello, la frivolidad con la cual se refiere a ella el director general de Carreteras, de la SCT, resulta insultante e inadmisible. Se trata, además, de un agravio para
los coahuilenses pues, al menos en lo inmediato, resulta que no tenemos ni siquiera derecho a saber cuál fue la razón por la que nos quitaron los recursos previamente asignados.

Es probable, desde luego, que desde la perspectiva del señor Verdugo López baste con señalar la existencia de las “obras del bienestar” −cualquier cosa que dicha expresión signifique− para que nosotros asumamos que debemos esperar un año más para ver si una obra de infraestructura que implica bienestar para Coahuila puede finalmente concluirse.

No es, por cierto, la primera ocasión en que esto ocurre. Hace ya dos años que venimos reseñando la falta de seriedad con la cual el Gobierno de la República −y sus representantes en Coahuila− han tratado el caso de esta obra que ha sido programada para su conclusión en al menos tres presupuestos de egresos.

Resulta muy difícil a estas alturas considerar una explicación distinta a la motivación política para entender por qué se han vuelto a “esfumar” los recursos que se programaron para este proyecto. La reiteración en la actuación lleva necesariamente a considerar que el desprecio con el que se trata a nuestra entidad es un “castigo” por no abrazar la autodenominada “cuarta transformación”.

Cabría esperar que se haga algo para convencernos de lo contrario. Y ese “algo”, desde luego, no puede ser otra cosa que restituir los recursos que se nos asignaron y que, a falta de una explicación razonable, debemos entender que nos han sido arrebatados por motivaciones políticas que sólo merecen reprobación.