Salario mínimo y suplicios: Evolución, historia y desafíos

El salario mínimo en el país ha atravesado un sinnúmero de situaciones que llegaron a convertirlo en una unidad de valor o de despegue, al que fue condenado por la Comisión Nacional de los Salarios, que año con año hace su aparición en un ejercicio que antiguamente sólo era un requisito, pero que desde hace 8 años se fue convirtiendo en detonador de la escalada de precios y desajustes económicos en todas las latitudes del país.

Su historia internacional se remonta a la lejana Nueva Zelanda, donde se estableció corriendo el año de 1896. Y, como todo derecho, a México llegó más tarde y no fue hasta la Constitución de 1917 que fue señalado en el artículo 123, aunque su aplicación efectiva no comenzó hasta 1934, cuando se aplicó por primera vez como una medida para proteger los derechos laborales de los trabajadores y garantizar una remuneración justa. En aquel entonces se fijó en 1.50 pesos diarios.

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La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) como organismo tripartita (patrones-obreros y gobierno) fue puesta en funcionamiento en 1963 y desde entonces, anualmente, determina el valor del salario mínimo general y de los profesionales.

La teoría del trabajo como mercancía, que partió de la idea comunista del siglo 19, tenía su base en el hecho de que en los años en que surgió los contratos de trabajo tenían naturaleza civil y eran contenidos en esta legislación, sin embargo, al establecer una legislación especial, que también llegó tarde a México (1931), el trabajo y su salario recibieron un trato de naturaleza social agregado al económico.

La evolución de los salarios mínimos, a partir de la creación de este organismo y hasta el sexenio de López Portillo, había obedecido a las reglas estrictas del desarrollo económico y la inflación controlada, sin embargo, las grietas enormes entre el desempeño de la nación y el crecimiento del salario mínimo empezaron a aparecer en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando el país efectivamente se les deshizo de las manos y, por ejemplo, en 1987 con una inflación de 150 por ciento, el salario creció solamente 93 por ciento (con tres incrementos en ese año), lo que fue creando una diferencia que, sumada por los años subsecuentes, provocó un detrimento de salarios de un 161 por ciento menor a la recuperación del mismo, vía incrementos anuales, para 2012.

Sucedía en la práctica, según lo vivido por este charro de levita durante 36 años de labor en la industria, que al boom maquilador de mediados de los años 80 del pasado siglo, las empresas de la frontera norte acostumbraban a ofrecer un salario mínimo de contratación, que era compensado con la asistencia diaria, de tal manera que un trabajador que no tuviera faltas recibía dos salarios mínimos por semana, más prestaciones, lo que fue convirtiendo a este salario en solamente una unidad de comparación y competencia entre empresas.

Durante cerca de 30 años, es decir, de 1987 a 2017, la Comisión mencionada fue determinando incrementos salariales que no lograban cerrar la brecha al poder adquisitivo y mucho menos hacer efectivo el derecho a recibir un jornal que fuera suficiente para satisfacer las necesidades de una familia, como fue establecido en las leyes.

Por otra parte, el factor “labor” en las empresas tenía otra medida, y la constante era usar al salario mínimo como herramienta de competencia de reclutamiento, al ofrecer a los trabajadores que en tal o cual compañía se pagaban de 1.5 hasta 3 salarios mínimos de nuevo ingreso y, claro está, ya que la evolución del salario mínimo entre 2010 a 2018, por ejemplo, fue de 57 a 88 pesos por día (otorgando aumentos reales de 3.70 pesos diarios entre esos años).

En 2017 surge el planteamiento del Monto Independiente de Recuperación (MIR), es decir, establecer una cantidad fija de compensación para reducir la brecha salarial y, al mismo tiempo, dar un tratamiento distinto a la negociación de contratos colectivos en aquellas compañías que no basaran sus salarios en los mínimos.

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Para 2018, con la firma del nuevo tratado, T-MEC, el capítulo laboral obligó al Gobierno mexicano a eliminar la competencia desleal como socio y a establecer un incremento gradual entre 2019 a 2024 en los salarios mínimos, alcanzando los 248 pesos diarios, y a pagar salarios iguales a los de las otras naciones en un porcentaje determinado en las plantas armadoras de vehículos.

Esta obligación, al fin de cuentas, fue aprovechada políticamente por el ejecutivo en turno a fin de apropiarse de la autoría y servir de instrumento electoral.

Hoy el debate es distinto porque, si bien es cierto, los trabajadores reciben mejores salarios, su capacidad de compra ha disminuido, incluso en productos básicos. Por ende, la carrera se va perdiendo y no por metros, sino en kilómetros. Pero es México, y aquí así hacemos las cosas aquí (“Fuera más”, dijo Jorgito).