Saltillo; la autoridad debe proteger a las víctimas de los ‘montadeudas’

Uno de los términos que se ha popularizado en los últimos meses en México es el de “montadeudas”. Con éste se describe a quienes despliegan actividades que implican abusar de la necesidad de personas para otorgarles préstamos, cobrarles intereses leoninos y luego ejercer acoso en contra de múltiples individuos para cobrar.

Solicitar un préstamo implica, sin duda, adquirir el compromiso de pagarlo. Y quien presta dinero tiene el derecho de recuperarlo. Pero las condiciones del préstamo deben ser justas y los medios de apremio, en caso de incumplimiento, ajustados a derecho.

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Lo que ocurre con los “montadeudas” es que ninguna de las condiciones anteriores se cumple: se aprovecha la necesidad de la gente para comprometerle a pagar intereses exorbitantes, sin considerar sus reales posibilidades de pago, y luego se utilizan prácticas que rayan en el acoso y afectan a otras personas que no son el deudor. Todo, al margen de la ley.

Y es que el otorgamiento de este tipo de préstamos constituye en nuestros días una auténtica “industria”, que produce millonarias ganancias a quienes los realizan, pero no necesariamente implica el pago de impuestos o la existencia de una infraestructura para la administración de los riesgos.

A ese tipo de casos se refiere el reporte que publicamos en esta edición y retrata la situación por la que atraviesan vecinos del oriente de Saltillo, específicamente habitantes del fraccionamiento Prados de San José, donde una presunta financiera, de nombre Adesa, ha desplegado un “operativo de cobro” que constituye acoso colectivo.

Los vecinos han relatado cómo los empleados de esta presunta empresa dedicada al otorgamiento de crédito intentan amedrentar a los habitantes del sector diciéndoles que los adeudos adquiridos por un integrante de dicha comunidad pueden ser requeridos a cualquiera de ellos.

A partir de este planteamiento -completamente ilegal- pegan “avisos” en las casas de cualquier persona, les roban sus recibos de servicios y acuden a tomar fotografías de la fachada de sus domicilios.

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No se trata de decir que quien haya contraído un préstamo no está obligado a pagarlo, o que no deban utilizarse las medidas de coerción establecidas en la ley para el caso de negativa del deudor. De lo que se trata es de advertir que las prácticas denunciadas no están contempladas en ninguna legislación y, por tanto, constituyen un abuso del acreedor.

En este sentido, quien no tenga el carácter de deudor o de aval no debe ser molestado y, si ello ocurre, el Estado tiene la obligación de protegerle y, en su caso, utilizar los medios de coerción necesarios para obligar a que cese el hostigamiento.

Cabría esperar que las autoridades tomen nota del fenómeno y actúen en auxilio de quienes son acosados -e incluso violentados- sin razón por quienes, frente a circunstancias que son su responsabilidad, intentan pasarle factura a toda una comunidad, atropellando sus derechos y perturbando su tranquilidad.