La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que un legislador no debe tener contratos empresariales con el gobierno, y anunció que pedirá legislar para prohibir estas prácticas. Añadió que hay que predicar con el ejemplo y si hay algún conflicto de interés, que se plantee.
Todo esto después del revuelo por la publicación del diario Reforma donde se exhibió al diputado de Coahuila por el Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra, conduciendo un Lamborghini de más de 6 millones de pesos.
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La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Sin embargo, el negocio del carbón es tan complejo y tiene tantos vacíos que al menos hablar de legislar para no entregar contratos a diputados o servidores públicos es casi una utopía.
Primero, porque no necesariamente le vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien tiene concesión minera. La concesión se puede rentar, ceder, prestar, sin que necesariamente se registren estos cambios ante la autoridad.
Segundo, el coyotaje. En la Carbonífera surgen nuevas empresas mineras como moscas en la comida. Quien consigue contrato, no necesariamente produce el carbón o no necesariamente completa las toneladas contractuales. Eso genera un coyotaje y muchas veces el gran empresario, ligado normalmente a la política, no aparece en los contratos, pero sí le “vende” a quien tiene el contrato.
Tercero, la facilidad para crear empresas fachada, empresas con testaferros, prestanombres o gente vinculada a los políticos. Para muestra, los casos precisamente del diputado Antonio Flores Guerra y su hermana, la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.
Minerales Don Chilo S.A de C.V. pertenecía al empresario y hoy diputado Antonio Flores Guerra. De hecho, de 2020 a 2022 recibió contratos por venta de carbón por mil 132 millones 354 mil 432.86 pesos, la empresa más beneficiada en el sexenio pasado.
Sin embargo, a pesar del negocio millonario, unos días antes de la elección en Coahuila de 2023, en la que Antonio Flores participaba, decidió vender sus 49 acciones. Su socio, Alejandro Hernández Chávez, compró 48 acciones y Alfonso Gutiérrez González compró una acción.
En 2024, ya como diputado local en Coahuila, legal o moralmente no hay conflicto de interés; por eso Minerales Don Chilo fue parte en este año de un grupo de empresas que en conjunto recibieron un contrato por 849 millones 990 mil 699.44 pesos a través de una invitación restringida de la CFE.
Algo parecido sucedió con la empresa Minera Flores de la Carbonífera S.A. de C.V., que en 2020 y 2021 recibió 222.6 millones de pesos en contratos con CFE. Estos contratos los obtuvo cuando la empresa pertenecía a Tania Flores Guerra, alcaldesa de Múzquiz. Antes de las elecciones locales de 2021, donde Tania competía para el puesto que hoy ocupa, vendió las acciones de esta empresa a Liliana Isabel Ortega Benavides, quien después fue su directora de Turismo en el municipio.
Lo mismo sucedió con Minerales Amarani S.A. de C.V., que pertenecía a Paola Marroquín, esposa del diputado Antonio Flores Guerra. Esta empresa facturó 275.8 millones de pesos en 2020 y 2021. Pero también antes de las elecciones de 2023 la esposa vendió su acción a Vicente Alfonso Tapia Ramírez, quien a su vez el 24 de enero de este año vendió la acción a José Romeo Gutiérrez González. Quien aparece con 49 de 50 acciones es Juan Hernández Salazar.
Minerales Amarani S.A. de C.V. fue una minera del grupo de empresas que ganaron dos contratos por invitación restringida este año, el de 849.9 millones (contrato donde también estuvo Minerales Don Chilo S.A. de C.V.), y uno más oneroso de mil 709 millones 383 mil 105.28 pesos.
¿Quién vende las acciones de semejante negocio?
AL TIRO
La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 58 refiere que “incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal”.
Es sencillo distanciarse de las empresas al vender las acciones y así evitar el escrutinio público. Oficialmente el legislador, señalado toda la semana de recibir contratos millonarios por parte de CFE, no pertenece ya a Minerales Don Chilo S.A. de C.V.
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Tantos nombres, nuevas sociedades o nuevos accionistas tienen un propósito: escabullirse públicamente del negocio del carbón, bastante rojo y bastante negro históricamente en Coahuila. Si al hoy diputado le fue muy bien, ¿por qué cambiar un negocio millonario por un sueldo mensual de menos de 100 mil pesos como diputado?
Por eso, ¿quién cree el cuento de que ya no tienen inherencia en esas mineras?
