Es desalentador el curso que va tomando el país ante la indiferencia de muchos. La preocupación por lo que viene es sentimiento de una minoría. El aparato de propaganda del gobierno ha sido muy eficaz porque se procesa de manera sutil, sin que se advierta que lo es, a veces disfrazada de información, de inocente opinión o como una postura que normaliza la autocracia, hasta mentes lúcidas se suman a la sinrazón. La destrucción de la República y sus fundamentos son un hecho consumado con la aprobación y la promulgación de la reforma judicial.
En algunos existe la esperanza de que el cambio de gobierno podrá corregir muchas de las inercias perniciosas del pasado gobierno, en especial los excesos y desbordes de intolerancia. Hay ánimo en el voto de confianza y la idea de que lo peor está por concluir. Ojalá fuera cierto, pero nada hay que abone a ello. Existe, incluso, quien quiera ver en la facultad reglamentaria del Congreso una eventual corrección mayor a la reforma judicial, como si fuera jurídicamente posible. Catastrofistas, suele ser el señalamiento al realismo de hoy día. Claro, el país sigue, pero no va por buen curso.
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Existe insistencia de no creerle a la presidenta electa en su determinación de continuidad. Ella ha sido consistente en su mensaje y en sus acciones. La excepción fue la noche de la elección, al decir que gobernaría para todos los mexicanos. López Obrador también lo dijo el día de su triunfo electoral y no sucedió así, gobernó para él y los suyos.
Lo que importa no son las personas y la ingenua presunción de buena voluntad y generosas intenciones; lo relevante es el sistema porque son reglas e instituciones; la aprobación de la reforma judicial es el fin del sistema democrático para establecer las bases de un régimen autocrático, sin juzgadores independientes, sin una Corte que imponga límites a la actuación de las autoridades, particularmente la del presidente de la República.
La reforma ordinaria reglamenta lo que la Constitución determina. Si los candidatos van a ser seleccionados en los términos de la Carta Magna, la ley debe ser consecuente y definir procedimientos, tiempos y responsabilidades, los requisitos para ser juzgador o el voto popular, así como la manera de desahogarse la elección popular. Resultado de la omisión normativa, la reforma determinó que sea el INE el que resuelva, lo que representa una falta mayor porque significa delegar facultades legislativas que corresponden al Congreso de la Unión y los Congresos locales.
Las impugnaciones a la reforma se anticipan poco exitosas; deseable no fuera el caso, pero es difícil que el mismo Poder Judicial federal, desarmado y políticamente descalificado, pueda revertir una decisión de tal gravedad y ante un Presidente decidido a violentar el marco legal por razones políticas. Asimismo, la instancia internacional, recurso válido y con todos los elementos para prosperar en la defensa de los derechos laborales y patrimoniales de los trabajadores y funcionarios, así como de la defensa de los derechos humanos, es difícil que modifique la determinación del régimen de seguir adelante.
La peor respuesta frente al estado adverso de cosas es ignorar o minimizarse la magnitud del problema con la aprobación de la reforma judicial. De hecho, la derrota se escrituró el 2 de junio cuando la oposición no pudo ganar distritos en la elección de diputados, ni estados en la elección de senadores. La indolencia de la oposición fue un gravísimo error. Se ganaron muchas ciudades, pero allí mismo se perdieron los distritos.
De la misma forma es la fallida pretensión de contener al oficialismo en el Senado de la República. Tres senadores opositores votaron por el oficialismo y otro voluntariamente se ausentó porque tenía que apoyar a su familia, no al país (ridículo argumento de un traidor); ellos fueron suficientes para definir la suerte de la democracia.
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Los mexicanos no votaron por su desmantelamiento y el proceso electoral acusó vicios graves de parcialidad e interferencia presidencial, la realidad es que después de la elección todo es consecuencia.
El sentido del mandato democrático fue de gobernar, no acabar con el régimen democrático. El cambio debió ser objeto de una consulta democrática, para eso este gobierno cambió la Constitución, para que los ciudadanos determinaran el cambio y no el supuesto implícito de un resultado electoral, como se ha argumentado. La realidad es que el voto democrático fue utilizado contra la democracia.
