POLITICÓN: Coahuila: Ponen bajo la lupa a funcionarios por tráfico de migrantes
Los datos de inteligencia binacional prometen resultados, pero la verdadera pregunta es si habrá la voluntad política de llegar hasta las últimas consecuencias
I. FUNCIONARIOS COLUDIDOS
El general Eufemio Alberto Ibarra Flores, jefe de la Onceava Región Militar, no hablaba al aire cuando, en julio pasado, señaló la especialización de grupos delictivos en el norte. Ahora se comenta que información de inteligencia binacional revela la participación de funcionarios municipales, estatales y federales en el tráfico de migrantes en la frontera coahuilense. Las denuncias apuntan específicamente a Piedras Negras y Acuña. Las investigaciones ya han comenzado y prometen sacudir el tablero político en la región fronteriza. Las palabras del militar en aquella Reunión Regional Noreste de Seguridad Pública cobran nuevo significado.
II. ¿LE ENTRARÁN?
La tarea para Hugo Gutiérrez en Seguridad y Federico Fernández en la Fiscalía no es nada sencilla: investigar a funcionarios coludidos con el tráfico de migrantes. La complejidad del asunto radica en que los señalados operan desde posiciones de poder. Los datos de inteligencia binacional prometen resultados, pero la verdadera pregunta es si habrá la voluntad política de llegar hasta las últimas consecuencias. Usted, ¿por cuál opción apuesta?
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III. CERRO ASEDIADO
En Ramos Arizpe la cosa se está poniendo fea con la destrucción del Cerro Guanajuato. Mientras los vecinos y ambientalistas se quejan y alzan la voz por el daño a este patrimonio natural, la empresa responsable sigue trabajando como si nada, sin que nadie de la PROPAEC, encabezada por Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, mueva un dedo. Las denuncias sobre explosiones y extracción ilegal de material se siguen acumulando, pero las autoridades ambientales no aparecen. Esta destrucción, que afecta a especies protegidas y que es clave para regular el clima, deja claro que los controles ambientales en el estado son casi nulos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar una respuesta oficial? ¿Hasta que el cerro ya no exista?
IV. PROCURADOR FANTASMA
Las críticas al titular de la PROPAEC se intensifican por su silencio ante el caso del Cerro Guanajuato. No es sorpresa, considerando que ni siquiera ha dado la cara para responder al llamado del Congreso del Estado de comparecer ante el Pleno. La Secretaría del Medio Ambiente ya dejó claro que no se identifica con su gestión. Su posición es cada vez más insostenible, pero parece que no le importa mucho. ¿Alguien va a hacer algo al respecto?
V. DISCREPANCIAS
Entre gritos y sombrerazos −literalmente− esta semana se concretó la creación del sistema intermunicipal de agua potable de la Región Carbonífera, en el cual se han integrado los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz. El pueblo mágico, hoy gobernado por “La Gachupina” Laura Jiménez, fue el último en aprobar su incorporación al citado modelo en una sesión de Cabildo que, extrañamente, intentó ser “reventada” por el diputado petista Tony Flores quien, junto con su hermana Tania, ha decidido adoptar como bandera el tema, afirmando que se trata de una “privatización”.
VI. INCONGRUENCIA
Los malos modos del legislador quedaron inmortalizados en video y constituyen una prueba fehaciente de la falta de congruencia entre lo que dice y lo que hace. Basta recordar cómo en una sesión del Congreso, realizada en septiembre pasado, Flores exigía al público respeto y que no le interrumpieran mientras leía −mal, por cierto− su discurso. De espaldas a su propio reclamo, el muzquense interrumpió una sesión del Cabildo de Múzquiz e increpó a los ediles al grito de “yo también soy autoridad”.
VII. RECTITUD EN EL GASTO
La llegada de Óscar Rodríguez Fuentes a la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) trajo una sorpresa agradable: un ahorro de más de 35 millones de pesos, gracias a la gestión austera del secretario ejecutivo, Gerardo Blanco. Este monto, que antes se habría ido en presupuestos inflados como los de la administración de Paredes, se mantuvo intacto gracias a la vigilancia de Blanco. El hallazgo no sólo confirma lo que muchos sospechaban sobre el manejo anterior de los recursos, sino que deja una pregunta en el aire: ¿cuánto más se podría haber ahorrado si todo hubiera sido transparente desde el principio?
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VIII. DESTINO DEFINIDO
Los 35 millones de pesos ahorrados en el IEC ya tienen un destino claro: el proceso electoral judicial. Los expertos en finanzas electorales no dejan de aplaudir la decisión, ya que estos recursos serán cruciales para cubrir los gastos que se vienen. La eficiencia de Blanco en la gestión del presupuesto sienta un precedente positivo, dejando claro que las cosas pueden hacerse de manera más responsable y organizada. Sin duda, una lección para las futuras administraciones.
IX. OPACIDAD
La última cepillada a la lista de aspirantes a contender por uno de los 106 cargos en juego en la elección judicial local podría ocurrir entre hoy y el próximo sábado, cuando los comités de evaluación de los tres poderes califiquen la idoneidad de quienes, sin formar parte actualmente del Poder Judicial que encabeza Miguel Mery Ayup, se han inscrito al proceso. Uno de los aspectos que podría provocar bajas es que los suspirantes no hayan obtenido el “certificado de perfil judicial idóneo”. La última oportunidad para ello fue ayer, pero como ocurre en este proceso, no se tiene información sobre cuántos o quiénes no habían cumplido con el citado requisito.
