En una revisión sobre los primeros 19 contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil bajo el concepto de “seguridad nacional”, el gasto público ascendió a 1 mil 415.2 millones de pesos, pero como son cientos de contratos y convenios asignados de manera irregular, el daño patrimonial es por varios miles de millones de pesos