Osorio Chong utilizó el concepto de "seguridad nacional" para favorecer con millones de pesos a empresas, sin licitación

Ciudad de México.– Clasificados como compras por “seguridad nacional”, en los 5 años que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación (2012-2017) se asignaron –sin licitar y de manera presuntamente irregular– cientos de contratos por miles de millones de pesos a empresas privadas previamente seleccionadas por funcionarios de esa dependencia.

Las operaciones con dinero público que se hicieron sin transparencia y violentando la ley, están perfectamente identificadas en documentos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General Adjunta Penal y Civil y en el Órgano Interno de Control (dependiente de la Secretaría de la Función Pública), con la presunción de que hubo corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron del erario bienes y servicios a precios elevados supuestamente a cambio de comisiones y sobornos.

Esas autoridades tienen clasificados cientos de contratos como de “riesgo alto e intermedio”, pues según los documentos oficiales se vulneró la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública, lo cual era falso.

Dicha información que tiene reservada el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (ahora en poder de Contralínea), explica cómo se abuso del poder y se hizo un mal manejo de los recursos públicos en el Gobierno anterior, lo que habría ocasionado “responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación y cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas”.

En una revisión sobre los primeros 19 contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil bajo el concepto de “seguridad nacional”, el gasto público ascendió a 1 mil 415.2 millones de pesos, pero como son cientos de contratos y convenios asignados de manera irregular, el daño patrimonial es por varios miles de millones de pesos.

Contralínea ha solicitado desde la administración anterior y en el Gobierno actual los contratos otorgados bajo el supuesto de “seguridad nacional” empleado en la administración de Enrique Peña Nieto como un esquema para beneficiar a empresas privadas “amigas” del Gobierno; sin embargo, las respuestas tanto de las secretarías de Gobernación y Función Pública, como del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), siempre ha sido la misma: negar dichos contratos y ponerlos en reserva bajo el argumento de que son asuntos de “seguridad nacional” que no pueden ser difundidos, cuando en realidad lo único que hacían era ocultar la corrupción que desde las oficinas de la Secretaría de Gobernación se practicaba para desviar recursos públicos.

Por ello la importancia de que la sociedad conozca estos informes oficiales clasificados como confidenciales que consideran indebido y violatorio de la ley utilizar dicho concepto de “seguridad nacional” para disponer miles de millones de pesos de dinero público de manera subrepticia y corrupta.

Las empresas privadas, personas y sociedades civiles beneficiadas con estos 19 contratos son: Comtelsat, DGRM Health, Telmex, Matra Comunication de México, Efectivale, Casa Álvarez Gourmet, King Mar Mexicana, XA Services, Marco Antonio Sandoval Rodríguez, Pro Ayuda a la Mujer, Reisco Operadora de Servicios, Agel Ingeniería, KE Fibertec, Viajes Premier y RCU Sistemas.

Entre las adquisiciones hechas bajo el supuesto de “seguridad nacional” están: compra de alimentos para empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de plagas; limpieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

En la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, relativo a “seguridad nacional”, se precisa los criterios que se deben utilizar para la asignación directa de contratos: “Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley”.

En los informes oficiales se especifica que en los primeros 5 años del Gobierno anterior, la Secretaría de Gobernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado de la República–dispuso indebidamente de recursos públicos para la compra de bienes y la contratación de servicios sin control alguno, muchos de esos contratos son plurianuales hasta el año 2022, lo que representa una responsabilidad patrimonial del Estado y posibles desvíos de fondos al erario.

En auditorías e investigaciones que se han hecho al interior de la Secretaría de Gobernación, se identifican contratos clasificados como de “riesgo alto” y “riesgo mediano” por su nivel de corrupción en “servicios prestados, compromisos trascendentales, servicios prestados aún no formalizados y litigios”, de acuerdo con su “cuantía, responsabilidad patrimonial del Estado, determinación de las partes involucradas, pasivos laborales y eventual daño a la imagen de la Segob”.

En una primera lista de 19 contratos de la Segob que hoy damos a conocer, seleccionamos sólo una parte de los relacionados con “compras por seguridad nacional”, según el criterio discrecional que funcionarios de la anterior administración aplicaron para beneficiar a empresas privadas “amigas” y sin que algún órgano de control del Estado vigilara el proceso y su cumplimiento.

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