Dan carpetazo a investigaciones contra “Alito”, Osorio y Calderón

Desde marzo de 2019 hasta julio de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició 4 mil 378 indagatorias, pero apenas logró ocho sentencias, la mayoría contra funcionarios de rango menor que no pisaron la cárcel al haber obtenido beneficios para sustituir la prisión por otra medida.

Esto se desprende de una revisión a los fallos obtenidos vía transparencia.

TE PUEDE INTERESAR: FGR afirma que no soltará el caso de ‘El Mayo’ Zambada

Por el despacho que encabeza María de la Luz Mijangos pasaron investigaciones contra personajes políticos como el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno; Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, y contra el expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, pesquisas a las que se les dio carpetazo mediante dictámenes de no ejercicio de la acción penal.

Otras investigaciones que también quedaron archivadas son las iniciadas por presuntos desvíos e irregularidades en el ISSSTE, la Sagarpa, la Secretaría de Seguridad, la extinta Policía Federal y el sindicato de trabajadores de Pemex.

Aunque algunos personajes políticos aquí mencionados han dicho que fueron exonerados, esta es la primera vez que la fiscalía brinda las versiones públicas de los dictámenes donde decreta el no ejercicio de la acción penal en acatamiento a diversas resoluciones del Inai.

En el caso de Segalmex, la fiscalía ha abierto nueve indagatorias tras diversas denuncias presentadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en conjunto involucran un posible daño al erario por 433 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la SFP vía transparencia tras interponer un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

De esas nueve indagatorias, una fue remitida por “incompetencia” a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, y las otras ocho continúan en trámite, es decir, no se ha podido determinar la comisión de un delito, a pesar de que cuatro de ellas se iniciaron en 2019.

Acusan al líder tricolor

En marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por medio del cual se oficializó la instalación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la cual encabeza María de la Luz Mijangos.

Entre las primeras denuncias que recibió durante su primer año de operación había una contra Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le ha señalado públicamente de contar con una amplia riqueza en propiedades.

La Fiscalía de Campeche lo acusó de adquirir a precios irrisorios terrenos en la zona costera del municipio de Champotón.

En la pesquisa federal, de la cual se obtuvo copia vía ley de transparencia, también se le acusaba de presunto enriquecimiento ilícito al haber adquirido diversas propiedades que no tenían justificación.

Como parte de la investigación, la fiscalía revisó las declaraciones patrimoniales de Moreno Cárdenas cuando fue diputado federal y gobernador de Campeche.

También le requirió al Registro Público de la Propiedad de Campeche un informe sobre las propiedades a nombre del político priista.

El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación también solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre cuentas y transacciones hechas por “Alito”.

Al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se le requirió un informe sobre las declaraciones fiscales de “Alito”, mientras que a los encargados de la Plataforma México, el sistema de información que reúne las bases de datos de todas las instancias policiales y de procuración de justicia del país se les pidió que buscaran sus antecedentes.

Al cotejar la información recabada y basándose en un dictamen de contabilidad, la fiscalía concluyó que no existía “desproporcionalidad” entre los ingresos declarados y los bienes obtenidos por Moreno Cárdenas.

Además, parte de los bienes que motivaron la investigación no estaban a nombre de él.

”El imputado ha justificado el incremento a su patrimonio acorde a las percepciones legales en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, así como en los estados de cuenta bancarios... lo que permite concluir que no existe como tal el enriquecimiento injustificado”, señala el dictamen de no ejercicio de la acción penal.

La investigación fue archivada porque los recursos con los que se realizó la compra de diversas propiedades provenían de otra persona, quien sí tenía la capacidad económica para adquirir y poseer esos inmuebles, se concluyó.

Exsecretario de Gobernación, en la mira

Miguel Ángel Osorio Chong sí estuvo en la mira de la fiscalía anticorrupción a mediados de 2020 por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el dictamen de no ejercicio de la acción penal brindado por esta institución vía transparencia.

La indagatoria contra el político de Hidalgo se originó de una denuncia que presentó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP después de revisar sus declaraciones de 2014 a 2017 y detectar un incremento en su patrimonio que superaba los ingresos percibidos como secretario.

El 23 de julio de 2020 se llevó a cabo una entrevista ministerial con Osorio Chong, quien se reservó su derecho a participar y posteriormente emitió por escrito un pronunciamiento y presentó una serie de documentos para aclarar las acusaciones hechas por la SFP.

Tras realizar los primeros actos de investigación, el agente ministerial dijo que el incremento detectado en su patrimonio era legítimo, y el 25 de agosto de 2020 decidió decretar un dictamen de no ejercicio de la acción penal: “La Fiscalía General de la República ha determinado que ante evidencias presentadas e investigadas no da lugar a ningún ejercicio de la acción penal”, indicó Osorio en septiembre de 2020.

Entre los argumentos que expuso el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), una parte de los recursos que según la SFP no tenían explicación en realidad provenían del reembolso de un seguro de vida del que gozan los servidores públicos de la Segob.

Además, otra parte del supuesto incremento detectado en sus cuentas en realidad eran recursos que pertenecían a su esposa, quien también fue servidora pública, por lo que no podían contarse como de Osorio Chong.

Señalan por corrupción a Romero Deschamps

Otro personaje político que también pasó por la mirilla de la fiscalía anticorrupción fue el exlíder del sindicato de trabajadores de Pemex, Carlos Romero Deschamps.

En 2019 y 2020 se iniciaron siete indagatorias por diversos delitos que en un inicio fueron tipificados como posibles hechos de corrupción.

Para diciembre de 2020, la fiscalía le había dado carpetazo a cuatro de las siete investigaciones contra el dirigente petrolero.

Las tres restantes fueron remitidas en enero de 2023 (nueve meses antes de que el líder sindical falleciera), a otras áreas de la FGR al considerar que los delitos investigados no cuadraban en hechos de corrupción.

Una de las tres carpetas que despachó la fiscalía anticorrupción tiene su origen en una denuncia que presentó la UIF en contra del fallecido líder sindical y su familia por estar involucrados en un esquema de triangulación de recursos a través de empresas fachada y transferencias internacionales.

Expresidente, señalado por anomalías

Un expediente más al que la fiscalía dio carpetazo fue la denuncia presentada en 2020 por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el expresidente Felipe Calderón por las presuntas irregularidades en que se dio la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.

En agosto de 2023, Martín Esparza, líder del SME, dio a conocer en diversas entrevistas que les habían notificado el no ejercido de la acción penal por la presunción de delitos como abuso de poder, desviación de recursos públicos y corrupción.

Inconforme con esta resolución, según dijo Esparza en varias entrevistas, interpuso un amparo ante un tribunal colegiado.Aunque se solicitó información sobre el estatus de la indagatoria, la fiscalía anticorrupción se negó a informar si la carpeta sigue en investigación o fue archivada, pese a un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Sentencias diluidas

Desde que comenzó a operar la fiscalía anticorrupción y hasta mediados de 2024, el Ministerio Público se abstuvo de seguir investigando 220 carpetas, y en otras 790 decidió no ejercer acción penal.

Es decir, archivó mil 10 indagatorias (23%) por diversos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y tráfico de influencias, entre otros.

Además, concluyó 66 indagatorias mediante mecanismos alternos de solución de controversias, entre ellos, acuerdos reparatorios.

Del total de investigaciones iniciadas, apenas judicializó 210 carpetas (4.7%) de las cuales logró sólo dos sentencias en juicio oral y seis más mediante procedimiento abreviado, este último, una forma rápida de terminar el proceso penal sin llegar a juicio oral.

No todo es corrupción

A través de un posicionamiento escrito solicitado para este reportaje, la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción afirmó que lo que la ciudadanía entiende por corrupción no necesariamente se refleja en los tipos penales que investiga.

”Hay muchas situaciones que se consideran injustas, inaceptables o inadecuadas en el servicio público que no son delitos o no son por corrupción [sino por robo o fraude]”.

Explicó que, asuntos como Odebrecht o Segalmex, por determinación del fiscal general, están a cargo de áreas de la FGR distintas a la de Combate a la Corrupción.

*4 mil 378 indagatorias por posible corrupción en cinco años inició la fiscalía anticorrupción.

*790 carpetas se clasificaron como no ejercicio de la acción penal; en 220 se abstuvo de seguir investigando.