1, 2, 3 por los derechos humanos

Ante la existencia de entornos sociales complejos y cambiantes, la generación de condiciones que permitan la satisfacción de las necesidades de la totalidad de las personas resulta prácticamente imposible. Y máxime si se atribuye dicha labor de forma exclusiva al aparato gubernamental.

Esta primera afirmación genera escozor en algunas personas, derivado del paternalismo implantado en el imaginario social desde hace ya varias décadas, y que responsabiliza del éxito o fracaso de la sociedad al Gobierno. 

Sin embargo, hoy en día se ha hecho patente que la construcción e implementación de estrategias para la atención de las problemáticas sociales actuales –independientemente del área en la que se concentren– demanda la participación de todos. 

Sí, es preciso involucrar a los sectores público, privado y social en la creación de las estrategias de solución de las problemáticas públicas.
Pero además de ello, para una verdadera eficacia de estas labores conjuntas, es ideal que se realicen de forma incluyente, es decir, de manera tal que integre a cada una de las personas conforme a su contexto especifico. 

Por tanto, si partimos de que cada necesidad de las personas responde a uno o varios de sus derechos, es factible afirmar que es necesario hacer un 1, 2, 3 por los derechos humanos mediante la colaboración del sector público, privado y social.

En esta oportunidad, me concentraré en el sector social, también conocido como tercer sector. El tercer sector se integra por todas aquellas actividades que no son propias del mercado ni del Estado, caracterizándose, por tanto, por no perseguir fines lucrativos y ser independientes, institucional y operativamente, al sector público –lo que no quiere decir que no pueda o deba recibir su apoyo–.

En este contexto, el tercer sector se encuentra integrado por organizaciones que reciben diversas denominaciones, tales como organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, humanitarias, de voluntariado, etcétera.

Estas y otras organizaciones que conforman el tercer sector son pieza clave en el desarrollo de cualquier país, ya que realizan diversas tareas en favor del interés general y fomentan cambios sustanciales en la calidad de vida de la población.

Especialmente de aquella población a la que al sector público le es imposible llegar, o hacerlo le genera altos costos; y al privado le es poco atractivo dada la escasa rentabilidad en la producción de bienes o servicios que ésta requiere y que, en muchas ocasiones no pueden expresarse en términos monetarios.

Para facilitar la consecución de esos cambios sustanciales, es importante que las organizaciones del tercer sector que los promueven cuenten con una reputación positiva, sustentada en la ética, la credibilidad y confianza en sus labores.

Una forma de fomentar dicha reputación es mediante actividades respetuosas de los derechos humanos y, por ende, alejadas del espectro de la discriminación.

Lo anterior puede parecer sumamente complejo, pues no todas estas organizaciones cuentan, o pueden contar con expertos en derechos humanos –aunque así lo deseen–. No obstante, si bien esta situación sería ideal, es posible afrontarla iniciando con acciones sumamente sencillas.

Un ejemplo de una estrategia de utilidad transversal para todo el tercer sector puede ser la adopción de una política de transparencia y rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos que responda a preguntas como: 
¿Quién es? Denominación, fecha en que surgió, estructura, nombres, funciones o atribuciones de sus integrantes. 

¿Qué hace? Misión, visión, y actividades que realiza para alcanzarlas. 
¿Cómo? Los procedimientos, condiciones o plazos a los que sujeta sus actividades y el origen y la forma en que se utilizan los recursos económicos, materiales y humanos de los que dispone para realizarlas.

¿Dónde y cuándo? Lugar, días y horarios en los que opera o brinda atención.

¿Quiénes son los destinatarios de sus programas o actividades? Población específica a la que dirige la producción de bienes o servicios.
¿Qué resultados obtiene? Resultados de las actividades realizadas y su impacto

¿Tiene formas de contacto? Domicilio en el que se encuentra ubicada, teléfonos, correo, página web y redes sociales –en caso de que se cuenten con ellas–. Esta política puede implementarse de diversas formas, ya sea que se opte, por el uso de cartulinas, papelotes, redes sociales, páginas web, etcétera.

Posteriormente, pueden definirse otras políticas relacionadas no sólo formalmente, sino sustancialmente con las actividades de cada organización, y los estándares internacionales de derechos humanos vigentes.

Esto dependiendo de diversas variables, tales como las características y posibilidades (económicas, materiales y humanas) de cada organización, así como las necesidades específicas de la población que atienden. 

En consecuencia, la forma de implementar un enfoque en derechos humanos en el tercer sector puede ser muy variada pero igualmente valida, ya que su límite estará en gran medida en su creatividad. Todo es cuestión de tratar.

guadalupeimormino​@gmail.com 

La autora es auxiliar de investigación de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos  de  VANGUARDIA y  la Academia IDH