Agresiones a defensores del medio ambiente aumentaron 990% en cinco años

Por Manu Ureste (@ManuVPC) para Animal Político

En México, al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se le acumula el trabajo: además del fuerte aumento de agresiones a comunicadores en el país –Artículo 19 documentó que este 2015 ya es el año “más letal” para la prensa desde que Peña Nieto es presidente-, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advierte que los ataques a personas defensoras del medio ambiente han aumentado 990% en algo menos de cinco años.

En su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, el CEMDA advierte que existe una “tendencia creciente” en las agresiones, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 23 en 2012; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo 2014-junio 2015. Esto es, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.

En total, el CEMDA ha documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas desde 2010, de las cuales 191 (79.5%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos- y junio de este 2015.

Por entidades, Sonora con 16 casos entre mayo 2014 y junio 2015 es el estado más peligroso para ejercer el activismo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Le sigue Oaxaca, con 13 casos y el Estado de México con 12; Guerrero, con nueve; y Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla, con ocho. En el Distrito Federal también se contabilizaron seis agresiones.

En cuanto al tipo de víctimas, el informe refiere que de los 109 ataques registrados entre mayo de 2014 y junio de 2015, 130 activistas fueron objeto de algún tipo de agresión –cabe tener en cuenta que en un ataque puede haber más de una víctima-. Además, se registraron 21 ataques dirigidos a la comunidad que se opuso a algún proyecto que pusiera en riesgo el medio ambiente de la zona; y 17 fueron contra organizaciones no gubernamentales.

Las amenazas personales, telefónicas o electrónicas, fueron los eventos más reiterados (75). Mientras que las agresiones físicas personales o en grupo (25), el enjuiciamiento arbitrario (19), las detenciones ilegales durante manifestaciones o en la vía pública (17), los asesinatos (11), la difamación hacia organizaciones civiles (3), así como el uso indebido de la fuerza pública (2), fueron otras de las agresiones más comunes.

La defensa del agua, principal motivo de agresión

Andrea Cerami, coordinador del área de derechos humanos del CEMDA, explicó durante la presentación del informe que los conflictos donde el tema central es el agua “han sido los más comunes” durante los últimos 15 meses (27 casos). Se trata de conflictos, subrayó, que involucran la explotación del agua, además de conflictos por el manejo público de este recurso e intentos de privatización y control por personas o entidades no autorizadas para este fin.

En este sentido, Cerami recordó los “casos sobresalientes” del Acueducto Independencia, en Sonora, o la oposición de la ciudadanía a la municipalización del sistema de aguas en Coyotepec, Estado de México.

Los conflictos con hidroeléctricas (16 casos), mineras (13), proyectos inmobiliarios (11), despojo de tierras (10), y con eólicas (8), son otros de los casos más comunes por los que se agrede a defensores.

“Por poner un amparo, nuestra vida está en peligro”

Otro de los puntos clave que expone el informe es “la falta de eficacia” de las medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; el cual, desde 2012 ha dado protección sólo a 27 solicitantes -según información proporcionada por transparencia al CEMDA-, mientras que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental  enfatiza que, a partir de una revisión de hemeroteca, hay contabilizados “casi 200 casos” de activistas que requerirían de esta protección.

Lucila Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, es de las pocas defensoras ambientales que sí es beneficiaria del Mecanismo, pero que aún así es objeto de agresiones.

En entrevista con Animal Político, la activista explica que representa a mil 166 vecinos zapotecos de Juchitán, en el estado de Oaxaca, que el pasado mes de septiembre se ampararon en contra de la instalación del megaproyecto ‘Eólica del Sur’, por entender que la información proporcionada por las autoridades a la comunidad indígena sobre los impactos de este proyecto es insuficiente y en algunos casos falsa (lee aquí el artículo De la suspensión provisional del megaproyecto ‘Eólica del Sur’, sobre las inconsistencias que permitieron la autorización del proyecto antes de que un juez la paralizara).

“Interpusimos un amparo y el juez nos otorgó la suspensión provisional de la obra, aunque esto, paradójicamente, ha supuesto un mayor riesgo para nuestras vidas”, denuncia Lucila Bettina, quien refiere que tanto ella como el resto de vecinos que se ampararon están sufriendo agresiones, “desde amenazas de muerte, a ataques a bienes materiales como la casa o el carro, a interferencias de las radios comunitarias”.

“A mí me fueron a gritar a mi casa que yo era una prostituta y que me iban a matar.Es lamentable que una acción legal a la que tenemos derecho como ciudadanos se convierta en un peligro para nuestras vidas –añade la activista-. Los mil 166 que nos amparamos estamos en riesgo, porque la empresa está poniendo a la gente en contra de nosotros. Les dicen que estamos en contra del progreso y de que haya empleo porque detuvimos el proyecto”.

En cuanto a la efectividad del Mecanismo de Protección del que es beneficiaria, la integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo ironizó asegurando que la única medida que se materializó para su protección fue la entrega de un “botón de pánico” que no le ha funcionado en situaciones de agresión, y que además “son tan chiquitos que ni siquiera sirven de defensa personal para aventarlo”.

“Si uno no tiene una organización fuerte detrás para presionar al Mecanismo diciéndole que no han cumplido, no se hace nada. El balance es totalmente desfavorable”, acusó la activista.

Por su parte, Michael Chamberlin, consejero y miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, señaló en referencia al bajo número de defensores ambientales que reciben la protección del Mecanismo que esto puede deberse a dos factores: uno, que no todos los periodistas y defensores conocen el Mecanismo; y dos, porque hay “una buena parte” de éstos que prefieren no solicitar la protección del estado “por desconfianza”.