AMLO y su estrecha visión del respeto a los DDHH

“Es muy importante saber cuáles son los límites en el uso de la fuerza. Porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos de los delincuentes. Son seres humanos que merecen también nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legítima defensa”.

La frase anterior corresponde al mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió el domingo anterior a un grupo de integrantes de la Guardia Nacional, durante la inauguración de un cuartel de dicha corporación en Tepetitlán, Jalisco.

Como era previsible, a todo mundo llamó la atención esta frase porque lo deseable, cuando un gobernante habla de la necesidad de respetar los derechos humanos de las personas, es que se plantee dicha hipótesis de forma amplia, es decir, hablando de los derechos de todas las personas.

En estricto sentido, es necesario señalarlo, el Presidente tiene razón: quienes integran las fuerzas policiales –y, en general, toda persona que actúa como autoridad, incluso sin formar parte del servicio público– tiene la obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas.

También es cierto que en la actuación de las fuerzas policiales en México existe una larga tradición de abusos y que, en muchos de los casos, tales abusos se encuentra directamente relacionados con el uso excesivo de la fuerza. Tal circunstancia debe cambiar, desde luego, y para que cambie sin duda lo primero es reconocer que se trata de una realidad.

Tampoco le falta razón al Presidente cuando señala que “no se puede apagar el fuego con el fuego. No es la violencia con la violencia. No es el mal con el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien”, y que éste debe ser el criterio general de aplicación para las fuerzas del orden.

Sin embargo, resulta imposible no llamarse a extrañeza cuando, al dirigirse a los integrantes de la Guardia Nacional, López Obrador sólo pone el énfasis en la necesidad de garantizar los derechos humanos de los delincuentes, como si el 100 por ciento de las tareas de dicha corporación se limitara a su trato con presuntos delincuentes.

Por otro lado, el Presidente parece ignorar que no solamente con el uso excesivo de la fuerza pueden violarse los derechos humanos y que, aún cuando los abusos relacionados en este rubro son los más visibles y los que más impactan eventualmente, el abanico de posibilidades es muy amplio.

El mensaje es, en el fondo, correcto pero deja un mal sabor de boca porque pareciera que para el titular del Ejecutivo Federal la prioridad es “proteger” a quienes violan la ley y eso no hace sino encender más las críticas, sobre todo en un momento en el cual se multiplican las manifestaciones por las elevadas tasas de feminicidios en el País.

Sí, las fuerzas del orden deben tener clara su obligación de garantizar los derechos humanos de todo mundo –incluidos quienes violan la ley–, pero deberían tener también muy claro que su principal responsabilidad es garantizar la seguridad e integridad de las personas cuando estas se ven amenazadas por alguien que ha decidido violar la ley.

Y eso, lamentablemente, no lo dijo el Presidente.