Una semana después de haberse registrado, la Fiscalía General de Coahuila confirmó ayer la peor de las sospechas en torno a la desaparición de la alcaldesa de Juárez, Gabriela Kobel Lara: su cuerpo sin vida fue localizado en una finca del municipio de Sabinas.

Los primeros detalles en torno al asesinato de la malograda funcionaria, quien dentro de dos semanas concluiría su encargo, indican que habría sido ultimada por el propietario de una empresa constructora con quien, de acuerdo con las autoridades, además de tratos laborales sostendría una relación afectiva.

Con independencia de los motivos detrás del crimen, un detalle debe señalarse de manera puntual en torno a este caso: la situación fue minimizada por la Fiscalía General e incluso por su propio titular al señalar que se trataba de un “asunto personal” y no de un posible delito.

¿Por qué se actuó con tal ligereza declarativa en este caso? ¿Por qué se prefirió dejar correr la especie –nunca señalada claramente, pero sí insinuada de forma deliberada– de que la desaparición de la alcaldesa tenía un trasfondo más bien sentimental?

Pareciera que el reciente periodo de violencia extrema, signado por la desaparición forzada de miles de personas a lo largo y ancho del territorio nacional –muchas de ellas en Coahuila– no nos ha enseñado nada respecto de la necesidad de establecer protocolos de búsqueda en casos como este.

Pero, sobre todo, pareciera que no se ha aprendido nada en términos de cómo tratar estos casos de cara a la opinión pública pues, aunque ahora seguramente se negará, la actitud asumida por la Fiscalía evidenciaba claramente que cualquier línea de investigación distinta a la “sentimental” fue descartada al menos de forma inicial, es decir, durante los momentos críticos posteriores a la desaparición de la funcionaria.

Lo anterior obliga a preguntarse si la Fiscalía General pudo haber hecho algo para evitar el asesinato de la alcaldesa; si una reacción a partir de considerar hipótesis diferentes como posibles explicaciones de la desaparición habrían dado lugar a la realización de un operativo para rescatarla con vida.

El componente de género tampoco puede descartarse en el caso y obliga a preguntar si la reacción de las autoridades habría sido la misma en caso de que la víctima perteneciera al género masculino, o si se habría actuado a partir de suponer un modo de conducta distinto.

Y las preguntas anteriores son obligadas, porque si el modelo de reacción de la Fiscalía General de Coahuila es el exhibido en este caso, el mensaje que se lanza a la sociedad no podría ser más desalentador.

Porque si así se reacciona cuando desaparece alguien que ocupa a Presidencia Municipal de un Ayuntamiento, es decir, alguien a quien se considera relevante en términos sociales, qué puede esperar un ciudadano común y corriente cuando reclama atención para un caso similar.

El corolario del caso es ominoso y por ello la Fiscalía de Coahuila, más allá de ofrecer información para esclarecer los motivos del crimen y perseguir al o los responsables del mismo, debe ofrecernos explicaciones respecto de su conducta y convencernos de que la muerte de la alcaldesa de Juárez no debemos adjudicarla a su incompetencia.