Que el propio Estado y los contribuyentes beneficiados sigan resistiéndose a que conozcamos la información impide conceder el beneficio de la duda, y convoca a sospechar de la legalidad de los actos

Nunca hagas cosas buenas que parezcan malas, o viceversa, reza con sabiduría la voz popular. Y la sentencia se ajusta con precisión a la polémica que ha desatado la revelación de la información de quienes fueron beneficiarios de condonaciones y cancelaciones del SAT durante los dos sexenios anteriores.

Varias cosas deben decirse en relación con las decisiones tomadas por las autoridades fiscales del País y que beneficiaron a miles de contribuyentes, que incluyen lo mismo grandes consorcios empresariales que personas físicas, entidades públicas y organizaciones civiles.

La primera es que la información tuvo que “arrancársele” al Estado y que la organización civil Fundar debió litigar durante cuatro años en los tribunales mexicanos para que los ciudadanos pudiéramos acceder a una información que, por definición, es pública y por ello tenemos derecho a saberla.

Que el Estado Mexicano haya resistido largamente el intento de abrir este expediente convoca a suponer que se trata de actos irregularidades –o que encierran alguna irregularidad– y por ello se buscó impedir que fuera conocida. De hecho, aún hoy existen 201 contribuyentes que mediante amparos siguen impidiendo que conozcamos la historia completa.

La segunda cuestión relevante es que no necesariamente existe una irregularidad detrás de las condonaciones y cancelaciones fiscales realizadas por el SAT, pues tal posibilidad existe en la ley y, vistos los detalles de cada caso, es posible que las decisiones sean perfectamente justificadas.

Pero que el propio Estado y los contribuyentes beneficiados sigan resistiéndose a que conozcamos la información impide conceder el beneficio de la duda, y convoca más bien a sospechar de la legalidad de los actos.

Finalmente, derivado del señalamiento anterior y del hecho que quienes hoy se encuentran al frente del Gobierno Federal denunciaron largamente que las arcas públicas fueron ilegalmente afectadas por este tipo de decisiones en el pasado, se antoja obligado que se abra una investigación al respecto.

Y es que no estamos hablando de montos irrelevantes, sino de cientos de miles de millones de pesos que, de haber sido ilegalmente “perdonados” o dejados de cobrar, constituyen una seria afectación a las finanzas públicas y explican, al menos en parte, la debilidad de nuestro sistema hacendario.

Por lo demás, el descubrimiento realizado por Fundar invita a pensar qué pasa en el caso de las haciendas estatales y municipales, espacios en los cuales los controles son menores que a nivel federal y el margen de discrecionalidad de las autoridades es mucho mayor.

¿Cuánto dinero han dejado de cobrar las autoridades fiscales y municipales de Coahuila? ¿Cuántas deudas fiscales han “perdonado” a contribuyentes que sí estaban en posibilidad de liquidarlas?

Se trata, igual que en el caso del SAT, de información que los ciudadanos tenemos derecho a saber y que debería ser transparentada a fin de que podamos evaluar el desempeño de quienes han tenido y tienen a su cargo la hacienda pública estatal y municipal.

La pregunta importante al respecto es, ¿alguien le pondrá el cascabel al gato tal como lo hizo a nivel nacional Fundar?