Cárcel para quien cobre deuda con intimidación
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300 mil pesos podría alcanzar como multa quien realice actividades de cobranza por medio de violencia
CDMX.- Por unanimidad, el Senado aprobó una minuta para reformar el artículo 284 bis del Código Penal Federal que sanciona hasta con 12 años de cárcel y multas de hasta 300 mil pesos a quien lleve a cabo actividades de cobranza por medio de violencia o intimidación.
Se castigará de uno a cuatro años de prisión a quien lleve a cabo la actividad denominada “cobranza extrajudicial ilegal”, es decir, por medio de la violencia, intimidación, ya sea personalmente o por otro medio, para requerir el pago de una deuda de las actividades reguladas en las leyes federales.
No obstante, se considerará como agravante y la pena aumentará dos años más y la sanción económica ascenderá a 450 mil pesos, cuando se utilicen documentos o sellos falsos.
También es una agravante si la persona que realice esta cobranza extrajudicial ilegal, incurre en el delio de usurpación de funciones o de profesión, que es sancionado con uno a seis años de prisión.
La reforma no considera como intimidación ilícita informar las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles.
La minuta, presentada por el senador Jesús Casillas (PRI) en 2012, fue turnada al Ejecutivo para su promulgación y entrará en vigor un día después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.
En entrevista Casillas dijo que la iniciativa resuelve un vacío que había en las leyes para sancionar estas conductas.
“En México tenemos 50 millones ciudadanos con algún crédito, bancario, hipotecario, de automóviles, y de acuerdo con la Condusef el 10%, unos cinco millones, se encuentran en moratoria y pueden ser susceptibles a este tipo de acciones ilegales, abusivas, incorrectas y que hoy se van a castigar de manera muy ejemplar a través de este cambio al Código Penal”.
El senador expresó que hay quejas contra personas han llegado a sus viviendas ostentándose como “policías judiciales” que dicen “tuvimos que hacer válido un crédito pendiente y si no lo pagan los van a arrestar o detener, cuando eso es falso”.
“Los integrantes de una familia son víctimas de presión, hostigamiento y de esta violencia verbal a la que son sometidos, y ha habido casos en que es tanta la presión que muchas personas han llegado al suicidio”.
Dijo que también muchas empresas utilizan métodos previos de cobranza, pero hay otras que venden los adeudos y éstos caen en personajes que ni siquiera son abogados sino verdaderos “coyotes”, que en lugar de ir a buscar el pago a través de un proceso de carácter judicial, utilizan métodos como la amenaza.
