Control. Las autoridades norteamericanas se dicen con preocupación ante la fortaleza del crimen organizado. Foto: archivo
Gobierno americano duda de capacidad mexicana ante poderío criminal, luego de hechos como el crimen de los LeBaron

WASHINGTON, EU.- El gobierno de Estados Unidos justificó su presión para mejorar la seguridad en la frontera de México porque está “cien por cien controlada por los cárteles”, que conlleva niveles de tráfico (tanto de personas como de drogas) que afectan al sistema migratorio. La preocupación por el dominio de las organizaciones criminales aumentó tras los últimos acontecimientos violentos vividos en México, como la captura fallida de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, o el asesinato de nueve mormones en Sonora.

“La parte mexicana de la frontera está controlada cien por cien por los cárteles, nada pasa sin que lo dejen pasar”, declaró Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, ante el Senado.

Morgan fue el encargado de mostrar su preocupación por una crisis migratoria que, a pesar de los buenos números de los últimos meses, “no ha terminado”. El gobierno de EU estima de forma “conservadora” que este año han cruzado 150 mil indocumentados.

El hecho sería peor sin la “alianza” y el esfuerzo de países como México, dijo Morgan, quien aludió a las que considera las dos principales razones por las cuales las cifras migratorias de indocumentados en EU han caído en picada: la presencia de la Guardia Nacional en la frontera y el éxito del Protocolo de Protección a Migrantes, que devuelve a México a los inmigrantes, mientras esperan cita en EU.

La secretaría informó que empezaba a implementar una medida de la que se hablaba desde hace tiempo: la negación a los solicitantes de asilo de la obtención de permisos de trabajo. Justo un día después de que el Southern Poverty Law Center publicara correos electrónicos del ideólogo migratorio de Trump, Stephen Miller, con mensajes supremacistas blancos y de retórica antiinmigrante.

Dudas por crimen>  Dos hechos han hecho dudar del poder de la autoridad mexicana: el crimen de la familia LeBaron en Chihuahua, así como el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López.