Copamex lamenta fallo de la Corte a favor de la consulta
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Afirma que la consulta viola varios postulados constitucionales, vulnera la Convención de la ONU en materia de combate a la corrupción y que para 'muchos juristas' se ubica en el supuesto de desvío de poder previsto en la jurisprudencia internacional
La Coparmex que preside Gustavo de Hoyos lamentó la decisión mayoritaria de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la materia de la consulta popular en torno a si se debe enjuiciar a los cinco expresidentes que gobernaron el país entre 1988 y 2018.
“En nuestra opinión, el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que proponía declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, resultaba apegado a los derechos fundamentales que consagra la Constitución”, dijo el organismo empresarial en un comunicado emitido unas horas después del fallo del máximo tribunal.
Con seis votos a favor y cinco en contra, los ministros que integran el pleno de la Corte declararon constitucional la consulta, pero reformularon la pregunta que había planteado realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador y, entre cambios, en la nueva interrogante los ministros eliminaron los nombres de los cinco exmandatarios.
De acuerdo con Coparmex, la consulta implica la violación del artículo 13 Constitucional relativo a los llamados tribunales especiales, así como al principio de taxatividad penal (que hace referencia a la exigencia de certeza o determinación de la ley).
La consulta también es contraria a lo previsto en el artículo 35, fracción VIII inciso 3 de la Constitución, inherente a la violación de los derechos de las víctimas y los indiciados, y vulnera la Convención de Naciones Unidas en materia de combate a la corrupción, añade el comunicado sin más explicaciones.
“Muchos juristas han destacado que la consulta se ubica en el supuesto de desvío de poder previsto en la jurisprudencia internacional”.
Señala además que la consulta a la población implica un derroche de recursos económicos innecesarios, en momentos en que las acciones de gobierno requieren atender en forma prioritaria otras necesidades de la población.
La Coparmex aclara no obstante que, en congruencia con la posición irreductible de fortalecimiento del estado de derecho, respeta la decisión adoptada por el máximo tribunal.
